La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó una acción ciudadana ante la Corte Constitucional para solicitar que se declare inconstitucional el Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno Petro estableció —en el marco de la emergencia económica— el impuesto al patrimonio a la instituciones de educación superior privadas. La solicitud fue radicada el viernes 13 de marzo y plantea serias preocupaciones sobre sus efectos en el sector.
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El decreto ha generado inquietud entre esas universidades, que consideran que el nuevo gravamen podría afectar su sostenibilidad financiera. Un informe del Observatorio de la Universidad Colombiana había identificado que al menos 80 de estas instituciones deberían asumir el tributo, lo que aumentó la preocupación en el sector académico.
Según Ascún, el impacto económico para las instituciones sería cercano a los $135.000 millones. La organización advierte que las universidades privadas son entidades sin ánimo de lucro y que su patrimonio está compuesto principalmente por infraestructura académica como laboratorios, aulas y auditorios destinados al servicio educativo.
De acuerdo con el gremio, la implementación del impuesto podría comprometer la estabilidad del sistema de educación superior privado. En ese sentido, la acción judicial (dada a conocer por El Tiempo) señala que los recursos que se destinarían al pago del gravamen podrían financiar alrededor de 15.000 cupos universitarios adicionales y miles de becas dirigidas a estudiantes de bajos ingresos.
En la intervención enviada al alto tribunal y dirigida a la magistrada del alto tribunal, Lina Marcela Escobar, Ascún argumenta que el decreto vulnera principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva. También cuestiona que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no haya explicado de manera suficiente por qué incluyó a las universidades dentro de las entidades sujetas al impuesto.
El documento también señala que la medida representaría una interferencia directa en la autonomía financiera de esas instituciones. Según la asociación, obligarlas a destinar recursos al pago de un tributo limitaría su capacidad para invertir en actividades educativas, científicas y de investigación.
En entrevista con El Tiempo, el rector de Universidad Minuto de Dios y vicepresidente de Ascún, padre Harold Castilla,, explicó que su institución deberá pagar cerca de $2.000 millones en dos cuotas, previstas para el primero de abril y el de mayo. El directivo señaló que el nuevo impuesto se suma a otros factores que presionan las finanzas universitarias, como el aumento del salario mínimo y la reducción en el número de estudiantes matriculados.
El impacto potencial del gravamen también se relaciona con el tamaño del sistema de educación superior privado. Según Ascún, más de 1,2 millones de estudiantes cursan sus estudios en universidades privadas, cuyas operaciones dependen de esquemas financieros ajustados al sostenimiento de la actividad académica.
El decreto establece que todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT) —equivalentes a aproximadamente $10.474 millones en 2026— deberán pagar un impuesto del 0,50 % sobre ese patrimonio. Bajo estas condiciones, entre 75 y 80 instituciones de educación superior quedarían sujetas al nuevo tributo.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el experto en proyectos educativos, Jaime García explicó que las universidades privadas son entidades sin ánimo de lucro, es decir que la plata que generen o adquieran no pueden ser ganancias para sus dueños, sino que su excedentes (la plata que les quede) deben reinvertirla.
En ese contexto, añadió que “no funcionan como una empresa privada, por lo cual no pueden tener reservas, inversionistas ni una caja menor y el único activo (bien que genera ingresos) es la infraestructura que poseen”.
Las críticas también han venido desde el ámbito académico. El exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, cuestionó la medida al considerar que trata a las universidades privadas como si fueran empresas con fines de lucro. Advirtió que el cobro del impuesto podría reducir recursos destinados a becas, investigación y funcionamiento e incluso generar presiones para aumentar el valor de las matrículas.
Cabe recordar que las universidades públicas no están incluidas en este impuesto, ya que el decreto aplica únicamente a personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta. En su solicitud ante la Corte Constitucional de Colombia, Ascún pidió suspender provisionalmente la aplicación del tributo a las universidades o excluir a las entidades sin ánimo de lucro del régimen establecido por la norma.
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