La Contraloría General de la República anunció este lunes que hizo hallazgos fiscales por $9.127 millones tras realizar una auditoría al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Según el ente de control fiscal, hubo 62 hallazgos administrativos, 37 con presunta connotación disciplinaria, ocho de carácter penal, seis con otras incidencias y ocho más para apertura de indagación preliminar.
La auditoría se hizo sobre los recursos asignados para el proyecto denominado “Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional” y a la producción y distribución de los alimentos de alto valor nutricional en la vigencia 2021 y primer semestre 2022 (con corte 30 de junio del presente año).
El hallazgo fiscal de mayor cuantía detectado está relacionado con inconsistencias en las bases de datos llamados “Reporte cuéntame 2021” y “Reporte cuéntame 2022” de la Regional del ICBF en el Chocó, que fueron analizadas y cruzadas con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esto arrojó como resultado campos con estados de “NO ENCONTRADOS Y FALLECIDOS”, de presuntos beneficiarios a los que se les habría prestado los servicios contratados para las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluyendo menores y mayores de edad.
Para la Contraloría, “la situación encontrada en la Regional del Chocó ocurre por deficiencias en los mecanismos de control y supervisión a la base de datos o herramienta “Cuéntame” con que dispone el ICBF como fuente de registro de los beneficiarios de sus diferentes programas, lo que pone en riesgo de pérdida los recursos destinados a su atención”.
Por otra parte, en el departamento Vichada la entidad hizo tres hallazgos por la entrega de raciones a beneficiarios cuyo documento no está en la base de datos del Bienestar Familiar o son presuntamente fallecidas.
En este caso se encuentra una base de datos con información relacionada de entregas a fallecidos y suplantación de identidad.
Para llegar a estos resultados, la Contraloría evaluó 190 contratos suscritos por el ICBF por más de $1 billón, donde se verificó el cumplimiento normativo en la ejecución de estos recursos, la trazabilidad en la selección de los operadores, el cumplimiento del objeto contractual y lineamientos técnicos, así como la legalidad y correspondencia de los pagos realizados en virtud de dichos contratos.
