Nueve funcionarios del Gobierno y la Fiscalía deberán comparecer en audiencia ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debido a que a la fecha, 230 integrantes de las desmovilizadas Farc han sido asesinados.
La diligencia fue citada para el próximo 25 de noviembre, entre las 8 a.m. y la 1 p.m., y en ella, los citados deberán dar cuenta del cumplimiento de las medidas cautelares que el tribunal de paz ordenó para proteger a los firmantes del Acuerdo.
“Se verificarán las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico. También se revisarán lo realizado para prevenir y superar de la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación”, señaló la JEP en un comunicado.
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Asimismo, indicó el tribunal, se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y la política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico, en el contexto de las garantías de no repetición.
A la diligencia deberán asistir el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; la procuradora delegada con funciones de seguimiento al Acuerdo de paz, Mónica Cifuentes; el defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias; el fiscal general, Francisco Barbosa; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos.
Esta citación podría ocasionar un nuevo choque de trenes entre el tribunal de paz, el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación, en un momento de alta tensión entre las tres instancias generado por la admisión de responsabilidad que hizo las Farc sobre el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
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Con la confesión, el caso pasó a ser competencia de la JEP, sin embargo, ni el Gobierno ni la Fiscalía se han mostrado convencidos por la tesis de que la guerrilla fue la responsable del crimen. A raíz de ello, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, pidió evaluar si tras admitir la autoría, el desmovilizado Julián Gallo puede seguir desempeñándose como congresista.
Finalmente, de acuerdo con la JEP, solo el fiscal general y los ministros podrán delegar su asistencia a la diligencia a viceministros y vicefiscal, y únicamente previa justificación y verificación por parte de la JEP de la imposibilidad funcional de asistir. El resto de personas citadas deberán acudir obligatoriamente.
