Durante seis días, el país sintió cómo el conflicto por la tierra —uno de los más antiguos de Colombia— volvió a estallar, esta vez por una cifra: el avalúo catastral. No fue solo una discusión técnica. Fue un choque entre la actualización del valor de los predios y la capacidad real de pago de miles de campesinos.
Las carreteras bloqueadas sobre todo en Santander, pero también con protestas en Boyacá, Casanare y Risaralda, las pérdidas millonarias y la presión política terminaron en acuerdos. Sin embargo, es bastante raro que este gobierno, que dice conocer muy bien el trabajo campesino, haya estimulado aumentos catastrales que en el caso superaron hasta el 8.000 por ciento, pese a que Colombia tiene un sistema tributario que lleva más de tres décadas sin ajustarse a la realidad.
¿Por qué hubo paro campesino por el avalúo catastral en Colombia?
El detonante fue la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), expedida el 30 de diciembre de 2025, que actualizó los avalúos de 527 municipios en el país.
En términos simples, el Estado ajustó el valor de los predios para acercarlos a su precio real de mercado. El problema apareció cuando ese nuevo valor impactó directamente el impuesto predial.
En muchos casos, los campesinos comenzaron a recibir facturas que duplicaban o triplicaban el cobro del año anterior. En otros, los incrementos fueron aún más extremos: en Santander se reportaron alzas de hasta 8.000%.
El resultado fue inmediato: protestas, bloqueos y un paro nacional convocado por comunidades rurales que denunciaban cobros “injustos” y desconectados de su capacidad económica.
Santander, el epicentro de la crisis
Santander se convirtió en el punto más crítico del paro. Durante cinco días consecutivos, los bloqueos afectaron vías estratégicas como el corredor entre Bucaramanga y el aeropuerto Palonegro, así como la conexión con Barrancabermeja.
Las pérdidas económicas fueron contundentes: hasta 120.000 millones de pesos diarios en el departamento; entre 50.000 y 70.000 millones diarios en el área metropolitana de Bucaramanga. Las protestas involucraron al menos 16 municipios, entre ellos San Gil, Barichara, Curití, El Playón y Lebrija.
La presión obligó a instalar mesas de diálogo con participación del Gobierno Nacional, la Gobernación, el IGAC y líderes campesinos.
¿Por qué subió tanto el impuesto predial?
Aunque el debate público se centró en el catastro, expertos señalan que el problema no es la actualización en sí, sino el sistema tributario municipal. La Ley 44 de 1990 diseñó el impuesto predial como un tributo progresivo: quien tiene más, paga más. Pero en la práctica, muchos municipios nunca actualizaron sus estatutos de renta.
Eso generó una distorsión: los tramos de valor siguen calculados con cifras de los años noventa. Al subir el avalúo, todos los predios caen en el tramo más alto. Se pierde la progresividad y se aplica una tarifa casi plana.
En Antioquia, por ejemplo, un análisis de más de 929.000 predios mostró que la diferencia entre lo que paga un predio modesto y uno de alto valor es mínima: 9,5 por mil frente a 10,0 por mil.
Cuando esa tarifa plana se aplica a avalúos que casi se duplicaron —de 57,2 billones a 108,1 billones de pesos— el impacto es inevitable.
¿El catastro es el culpable?
No exactamente. El catastro actualizado cumple una función clave: reflejar el valor real de la tierra, ordenar el territorio y evitar que grandes propietarios paguen menos impuestos de los que deberían.
El problema es que esa actualización llegó sin que los municipios ajustaran las tarifas del predial.
Es decir, el sistema estaba diseñado para otra realidad económica. Y cuando esa realidad cambió, el choque fue directo sobre los contribuyentes.
Los acuerdos que levantaron el paro
Santander fue el primer departamento en lograr un acuerdo que permitió levantar los bloqueos. Ese modelo se replicó luego en Casanare, Risaralda y Boyacá.
Entre los puntos clave se estableció una hoja de ruta:
Mesas técnicas y revisión caso por caso
El IGAC adelantará reuniones con alcaldes, líderes y veedurías para revisar los avalúos en los municipios afectados.
Ajustes y acompañamiento institucional
La Gobernación brindará asistencia técnica a las administraciones locales para corregir inconsistencias.
Alivios para los contribuyentes
Los alcaldes se comprometieron a presentar acuerdos para ampliar plazos de pago y ofrecer descuentos.
Participación comunitaria
Las decisiones se tomarán con presencia activa de la comunidad y organismos de control.
Suspensiones puntuales
En municipios como Dosquebradas (Risaralda), se acordó suspender por tres meses el cobro del predial rural mientras se revisan los avalúos.
Además, se programó una reunión de seguimiento para el 6 de mayo.
La pregunta de fondo: ¿por qué el sistema no se actualizó?
El paro dejó una pregunta incómoda para la política local: ¿Por qué los municipios llegan a 2026 con estatutos tributarios diseñados para la Colombia de los años noventa?
La respuesta no es simple, pero sí evidente en sus efectos: durante décadas, el sistema permitió subavalúos que beneficiaron a grandes propietarios, mientras debilitaba las finanzas municipales.
Actualizar el catastro corrige esa distorsión, pero sin una reforma paralela del predial, el ajuste recae de forma brusca sobre quienes menos pueden pagarlo.
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