El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) sigue generando no solo controversia nacional, sino tensiones diplomáticas a nivel internacional.
Tras conocerse que Carlos Ramón González, uno de los imputados en este escándalo se estaba escondiendo de la justicia colombiana en Nicaragua, las autoridades solicitaron la extradición del exfuncionario del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
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Dicha solicitud recibió respuesta por parte de Nicaragua, quien decidió negarla y, por el contrario, le brindó asilo político argumentando que toda persona “tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”, según el comunicado de la Embajada del país centroamericano.
Ante esta decisión de las autoridades nicaragüenses, tres ministerios se pronunciaron rechazando la decisión del gobierno de Daniel Ortega.
Los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores publicaron un comunicado manifestando que no comparten la decisión del gobierno de Nicaragua. “En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos”, dice el documento de Minjusticia y la Cancillería.
Para ambas entidades, este asilo brindado a González “desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua de 1929, en el entendido de que en el marco de este Instrumento ambos Estados convinieron entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos”. Piden tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía para revertir esta decisión.
Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió en declaraciones públicas que habrá que revisar las relaciones diplomáticas con Nicaragua. “Si el presidente pide la extradición a alguien, a cualquier país, en el cual existen tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso, agresivo que no debe pasar”, declaró el ministro.
Carlos Ramón González Merchán se encuentra prófugo de la justicia colombiana al ser imputado por presunto peculado, cohecho, apropiación y lavado de activos luego de ser señalado de pagar 4 millones de pesos a los entonces presidentes de la Cámara, Andrés Calle y el Senado, Iván Name.
El exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia llegó a Nicaragua en 2024, cuando León Fredy Muñoz era embajador de Colombia en ese país. En mayo del 2025, cuando ya estaba imputado, recibió la residencia en ese país.
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