La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre desafíos en transparencia, seguridad y equidad de género, resaltando la baja participación femenina en política.
Si bien aún falta poco menos de un año para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 –que le medirán el pulso al país político y pondrán a prueba condiciones de seguridad y orden público, así como circunstancias de transparencia electoral y fortaleza institucional–, durante este 2025 también se celebrarán varios comicios.
Además de la elección de los Consejos de Juventud y las consultas interpartidistas –a lo que podría sumarse la eventual consulta popular convocada por el Gobierno de Gustavo Petro–, se tiene previsto que a lo largo del año se realicen una veintena de comicios atípicos, originados, entre otras, por la anulación de candidaturas o sanciones contra alcaldes o gobernadores que los obligan a retirarse de sus cargos.
Frente a ello, este viernes la defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló este viernes que en seis de los 22 municipios donde se realizarán elecciones atípicas hay alto riesgo electoral y que otros cuatro presentan riego medio alto. Según un balance entregado por la funcionaria durante un foro, en 10 poblaciones hay alerta por factores asociados a la violencia y el accionar de grupos armados.
“El panorama electoral para 2025 y 2026 enfrenta múltiples desafíos: no solo persisten riesgos asociados al conflicto armado interno, sino también preocupaciones sobre transparencia, participación equitativa de las mujeres y legitimidad institucional. También se presentan riesgos sobre financiación y uso de las tecnologías”, manifestó.
De acuerdo con Marín, el contexto actual de violencia relacionada con el conflicto armado y la criminalidad organizada es muy diferente al de otras épocas “en cuanto a la cantidad de grupos, su tipología, su organización y las finalidades de su accionar”.
Entre otras, la funcionaria manifestó que el derecho a la participación política de las mujeres debe garantizarse. “Hoy, solo el 29 % del Congreso está compuesto por mujeres, por debajo del promedio latinoamericano. La paridad es una meta de derechos humanos que exige acciones concretas. Las medidas afirmativas son necesarias para una democracia real”, agregó.
Por ello, la defensora instó a que los partidos políticos fortalezcan la democracia interna, generen condiciones equitativas y garanticen la participación de las mujeres en la toma de decisiones. “Las barreras estructurales deben ser derribadas para que más mujeres ejerzan su derecho a liderar. Participar en política no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado en igualdad de condiciones. Sin mujeres en política, no hay democracia plena”, precisó.
