Como era de esperarse, el testimonio de María Alejandra Benavides ante la Fiscalía General ha ocasionado un verdadero torbellino político con consecuencias serias para la vida de la testigo y su familia.
Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que el funcionario conocía lo que sucedía en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), incluyendo el trasteo de contratos con los que supuestamente se beneficiaron congresistas a cambio de favorecer al Gobierno en sus reformas.
En su declaración, Benavides habla de una operación que se habría llevado a cabo en diciembre del año pasado con el fin de aprobar de forma rápida una millonada en créditos que necesitaba el Gobierno Nacional.
Estas afirmaciones han puesto en aprietos al ministro Bonilla, quien asegura ser inocente, mientras el presidente Gustavo Petro lo mantiene a flote.
Desde que se filtró la declaración, la mujer ha denunciado amenazas contra su vida y la de su familia. Por eso, reclama a las autoridades reforzar su seguridad.
“Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las medidas de protección de mi representada y sus familiares, considerando las amenazas recibidas contra su integridad personal relacionadas con el proceso en curso”, se lee en un comunicado firmado por la defensa de Benavides.
