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De esto se tratan los diálogos regionales que provocaron congelamiento de la mesa de paz por parte del ELN

El Gobernador de Nariño defendió los diálogos regionales, alegando que los ceses al fuego con el Gobierno no pararon la violencia en su región.

  • “Pablo Beltrán” (centro de la imagen), el jefe negociador del ELN, durante unos de los ciclos de diálogos en La Habana, Cuba. FOTO: CORTESÍA DELEGACIÓN DE PAZ DEL ELN.
    “Pablo Beltrán” (centro de la imagen), el jefe negociador del ELN, durante unos de los ciclos de diálogos en La Habana, Cuba. FOTO: CORTESÍA DELEGACIÓN DE PAZ DEL ELN.
21 de febrero de 2024
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Como principal causa para el congelamiento de los diálogos de paz con el Gobierno, el ELN expuso su inconformidad por el lanzamiento de unos diálogos regionales en Nariño, alegando que no le consultaron.

En un comunicado publicado en la noche del pasado martes, la guerrilla señaló: “Habiendo pactado un proceso nacional de Participación de la Sociedad, ahora monta un diálogo regional en Nariño por fuera de dicho proceso nacional y desconociendo la Delegación del ELN y la mesa donde participa la Comunidad Internacional oficiando como garantes, así como también la ONU y la Conferencia Episcopal colombiana”.

Agregó que “esta situación, que se veía venir, fue expuesta formalmente en la mesa por nuestra delegación, que de seguir su curso haría entrar en crisis el proceso de diálogo al violar los acuerdos pactados. Al hacerse público tal montaje, disfrazado de diálogos regionales, el proceso entra en abierta crisis y nos vemos en la obligación de llamar a consultas a nuestra delegación. Sin ser de nuestra responsabilidad lo acontecido, los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional entrarían en una fase de congelamiento mientras el Gobierno se disponga a cumplir lo acordado”.

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El diálogo regional que tanto les choca está programado para marzo, e implica que la Gobernación de Nariño cuenta con el aval del Gobierno para iniciar acercamientos con los grupos armados de su jurisdicción, con el propósito de encontrar soluciones pacíficas a la imperante violencia.

El gobernador Luis Alfonso Escobar declaró que el propósito es “hacerle entender al país y al mundo que una cosa son los diálogos nacionales, pero que otra es territorializar la paz”.

Frente al comunicado del ELN, que calificó esta iniciativa como un “montaje”, el mandatario departamental explicó en RTVC que “para nosotros, más que el diálogo con los actores armados, es el diálogo con todos los actores sociales, que está incluido en nuestro plan de desarrollo. Somos consecuentes con lo que propusimos en campaña, tenemos que empezar a hablar en clave de paz, no de guerra”.

“Hoy mismo, el Gobierno y los tres grupos armados que hacen presencia en el departamento (Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y ELN) tienen un cese el fuego bilateral, pero en el territorio persiste el conflicto por posiciones entre estos tres grupos, ligadas a economías ilegales, como la coca y la minería”, recalcó.

En efecto, la violencia desatada por la disputa entre esas organizaciones criminales es la principal amenaza para los nariñenses, pues provoca confinamientos, desplazamientos, masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales.

La idea de territorializar las conversaciones de paz hace parte de las tesis del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño. Frente a la decisión del ELN, la delegación del Gobierno opinó que se trata de una “crisis innecesaria”.

“El Gobierno Nacional ha definido como una de sus prioridades desarrollar la paz en los territorios. En este sentido, respeta y alienta las iniciativas que mandatarios locales lideran para proteger a la población y realizar transformaciones sociales. La conducta y posición que asumen con relación a estas iniciativas los frentes y estructuras del ELN, no dependen ni son inducidas por el Gobierno Nacional, sino responden a los clamores de comunidades cansadas de la violencia en el territorio”, respondió la delegación gubernamental en otro comunicado.

La idea de aterrizar el proyecto de “paz total” en los territorios también podría aplicarse en Chocó y el Valle de Aburrá, donde el Gobierno adelanta mesas de diálogo socio jurídico con las bandas de crimen organizado.

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