Colombia pasó del Nivel 1 (el máximo) al Nivel 2 en la evaluación sobre trata de personas, esto de acuerdo a un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto lo que muestra es que el país ya no es considerado como un cumplidor pleno de los estándares mínimos internacionales en esta materia en la lucha contra la trata de personas.
El reporte indica que esos esfuerzos no fueron serios y sostenidos en comparación con el periodo previo, lo que llevó a la degradación.
También se mencionó que los servicios dirigidos a víctimas fueron descritos como “inadecuados”, pues la atención estatal se limitó a medidas de emergencia que no respondían a necesidades de largo plazo.
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En materia judicial, no se ha procesado ni condenado a ningún traficante de personas por temas de mano de obra desde 2018, según el documento, aunque el fenómeno es reconocido como prevalente en el país. El balance muestra menos procesos abiertos, una caída en el número de víctimas identificadas y una reducción del financiamiento estatal.
Otro punto crítico es el reclutamiento de menores. Los esfuerzos tempranos para mitigarlo resultaron insuficientes, y las autoridades no lo tratan como un delito de trata de personas, aunque encaje en definiciones internacionales. La ausencia de estrategias proactivas con jóvenes en riesgo se relaciona con “un aumento significativo del reclutamiento forzado de niños”, lo que refuerza las razones de la degradación de Colombia al Nivel 2.
Los avances puntuales y brechas persistentes
El Código Penal colombiano tipifica la trata en el artículo 188A, con penas de 13 a 23 años de prisión y multas entre 800 y 1.500 salarios mínimos. Aunque estas sanciones son consideradas “suficientemente estrictas”, la definición de trata en la norma no exige probar fuerza, fraude o coerción, lo que, según el Departamento de Estado, genera inconsistencias frente al derecho internacional.
A la par, otros artículos —como el 213 sobre “inducción a la prostitución” o el 214 sobre “coacción a participar en la prostitución”— nos son de “buen conocimiento” por fiscales y jueces en el país, de acuerdo con el informe; lo que lleva a que “las audiencias penales podían durar años debido a la falta de jueces disponibles” que estén capacitados en el tema.
Por otro lado, en 2024, la Policía Nacional abrió 267 investigaciones por trata, más del doble de los 109 casos de 2023. La Fiscalía General, por su parte, indagó 50 expedientes bajo el artículo 188A, la mayoría de ellos por trata sexual. Sin embargo, “no estaba claro si los casos por formas no especificadas de explotación constituían la trata tal como se define en el derecho internacional”, advierte el reporte.
El ritmo de los procesos disminuyó frente al año anterior. En 2023 se reportaron 56 enjuiciamientos por trata sexual, mientras que en 2024 apenas fueron 14, y de estos solo dos se relacionaban directamente con explotación sexual. El informe resalta que más del 80 % de las denuncias penales fueron suspendidas y que los procesos suelen tardar en promedio seis años, con menos del 5 % alcanzando una condena.
A pesar de estas limitaciones, se documentaron 12 condenas en 2024 por “formas no especificadas de trata”. Ninguna recibió sentencia, aunque dos policías involucrados en una red que explotaba a mujeres de Medellín en Francia aceptaron cargos y fueron condenados a siete años y seis meses de prisión.
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La pena, según el reporte, estuvo por debajo de los mínimos establecidos por la ley. Un funcionario entrevistado resumió parte del problema: “los fiscales no tenían una buena comprensión de los delitos de trata y la rotación de personal era alta”.
Recomendaciones que da EE.UU. a Colombia
El informe acompañó su evaluación con una serie de recomendaciones de doce puntos. La primera es enjuiciar con firmeza todos los delitos de trata, incluidos los de carácter laboral (aunque no se registre una condena de estas desde 2018 de acuerdo con Estados Unidos), y aplicar sanciones de prisión significativas.
También plantea habilitar financiación centralizada, en el marco del Decreto 1066 de 2015, para que departamentos y municipios puedan garantizar servicios especializados y refugios hasta la rehabilitación de las víctimas.
Otra prioridad es la creación de un protocolo nacional de identificación “centrado en la víctima e informado sobre el trauma”, acompañado de formación a policías y fiscales en derivaciones proactivas. Se recomienda, además, nombrar un coordinador nacional que articule esfuerzos contra la trata a nivel local y nacional.
El informe propone conformar equipos especializados de investigación y justicia con contratos estables para evitar la rotación y la pérdida de memoria institucional; además de que sugiere aumentar la intervención temprana con jóvenes en riesgo y reconocer el reclutamiento forzado de menores como un delito de trata cuando se ajuste a estándares internacionales.
Entre otras medidas, se pide desarrollar un sistema centralizado de datos, identificar proactivamente casos de criadazgo infantil, asegurar que las víctimas no sean penalizadas y adoptar un nuevo plan nacional de acción contra la trata.
Ese plan, de acuerdo con el Departamento de Estado, debería incluir fenómenos emergentes como el “modelaje de cámaras web”, el mercenarismo mediante reclutamiento fraudulento y la explotación en el fútbol.
Este balance se publica en un momento en el que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan tensiones y ajustes.
En los últimos días, Washington revocó la visa del presidente Gustavo Petro tras su participación en una manifestación en Nueva York y, en respuesta, la canciller colombiana anunció que renunciaría también a su visa. Petro acusó a EE. UU. de “violar el derecho internacional” con esa decisión, mientras que, en paralelo, el Departamento de Estado descertificó a Colombia en la lucha antidrogas por primera vez en casi tres décadas.
La nueva clasificación, en materia de trata, se suma a la agenda bilateral y a las tensiones adicionales entre ambos gobiernos.
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