La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró definitivamente la puerta al general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco dentro del sistema transicional. El tribunal concluyó que el exoficial incumplió las obligaciones adquiridas cuando fue aceptado en esa jurisdicción y decidió expulsarlo tras considerar insuficientes sus contribuciones a la verdad en investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas y nexos con estructuras paramilitares.
Santoyo, quien fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y excomandante del Gaula de Medellín, había ingresado a la JEP por dos expedientes vinculados con la desaparición de los defensores de derechos humanos Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ocurrida en Medellín en octubre de 2000.
En la decisión, la Jurisdicción sostuvo que el exuniformado “incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad”, razón por la cual perdió los beneficios y tratamientos especiales que le otorgaba el sistema de justicia transicional.
Las razones de la JEP para expulsar al general (r) Santoyo
El tribunal explicó que la salida de Santoyo no obedeció a una reacción inmediata frente a versiones incompletas, sino a una cadena de incumplimientos acumulados durante el proceso.
La JEP señaló además que, antes de adoptar la decisión definitiva, distintas entidades evaluaron los aportes entregados por el exgeneral.
Entre ellas estuvo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que —según el documento— “calificó como ineficaz la información suministrada” para avanzar en la búsqueda de las víctimas.
La jurisdicción insistió en que se otorgaron varias oportunidades para que Santoyo ampliara o corrigiera sus versiones. Sin embargo, concluyó que sus declaraciones no alcanzaron los estándares mínimos exigidos dentro del sistema restaurativo.
“Después de esa secuencia se declaró el incumplimiento grave y se dispuso la expulsión. La medida, por tanto, no es abrupta ni desmedida: es la respuesta final frente a una conducta persistente”, indicó el tribunal.
¿Por qué el general Santoyo (r) estaba en la JEP?
Los casos por los que el exoficial llegó a la JEP están relacionados con las desapariciones de Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), quienes investigaban y denunciaban presuntas desapariciones atribuidas a integrantes de la fuerza pública en Antioquia.
La Fiscalía había establecido desde 2001 indicios sobre la posible relación de Santoyo con esos hechos.
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Según la investigación, desde la Policía Metropolitana de Medellín se realizaron interceptaciones ilegales a más de 2.020 líneas telefónicas, entre ellas las utilizadas por ambos defensores de derechos humanos.
De acuerdo con el ente acusador, esas interceptaciones se habrían ejecutado mediante órdenes falsas emitidas desde el Gaula Urbano de Medellín, unidad que entonces dirigía Santoyo.
A pesar de las evidencias recopiladas, el exoficial continuó su ascenso dentro de la institución y años después llegó a integrar el esquema de seguridad presidencial.
El historial judicial del exgeneral también incluye una condena en Estados Unidos.
En agosto de 2012, Santoyo aceptó cargos ante autoridades estadounidenses por conspirar para entregar apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras un acuerdo judicial, permaneció siete años en prisión y fue deportado a Colombia en abril de 2019.
Precisamente esa condena en Estados Unidos fue uno de los elementos que la Jurisdicción tuvo en cuenta al momento de confirmar su expulsión. En el auto, la JEP afirmó que “la permanencia del compareciente en la JEP no es compatible con la existencia de una sentencia firme por conspirar con las AUC”.
La Jurisdicción agregó que esa condena “es transversal a los hechos investigados en Colombia y se relaciona con conductas presuntamente cometidas en articulación con grupos paramilitares”.
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