La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó poner en marcha un plan integral para fortalecer institucional y presupuestalmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objetivo de acelerar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y garantizar una respuesta digna a sus familias.
La orden fue impartida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz mediante el Auto SAR AI-040 de 2025, tras una audiencia realizada el pasado 13 de junio, en la que se evidenció que el rezago forense representa un obstáculo estructural para el cumplimiento de los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
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¿Qué fallas encontró la JEP en Medicina Legal?
Durante la diligencia intervinieron autoridades nacionales y locales, así como organizaciones de víctimas, quienes expusieron limitaciones presupuestales, técnicas y operativas del Instituto.
El déficit de infraestructura, la escasez de personal especializado, la precariedad en equipos y la sobrecarga institucional fueron identificadas como barreras críticas.
La JEP ordenó formular e implementar un plan de fortalecimiento que abarque capacidad técnica, operativa, institucional y física. Este plan será objeto de seguimiento y acompañamiento directo por parte del Tribunal.
Uno de los ejes centrales del plan es la creación de una subcuenta específica para Medicina Legal dentro del Fondo Colombia en Paz. Esta subcuenta servirá para canalizar recursos del presupuesto nacional y de la cooperación internacional hacia proyectos estratégicos de fortalecimiento forense.
El Fondo deberá convocar al Instituto a sus mesas técnicas y remitir informes trimestrales a la JEP sobre los avances.
Además, se dispuso que la Gobernación de Cundinamarca entregue a Medicina Legal un inventario de sedes disponibles en el departamento para su eventual adecuación como espacios provisionales. Esta medida busca instalar laboratorios de genética y antropología mientras se construyen infraestructuras definitivas.
La JEP también ordenó avanzar con urgencia en la creación del Centro de Identificación Humana en Soacha, un proyecto clave que ha enfrentado retrasos.
El Departamento Nacional de Planeación deberá liderar reuniones con entidades del orden nacional y territorial para estructurar una hoja de ruta que permita su ejecución en un plazo de tres años.
En paralelo, la Sociedad de Activos Especiales fue llamada a facilitar la asignación de bienes en extinción de dominio. Se identificaron 267 predios potencialmente útiles para apoyar la infraestructura forense. Medicina Legal evaluará su viabilidad para formalizar su uso.
¿Qué se debe llevar a cabo para conformar esto?
El Ministerio del Interior deberá conformar una mesa técnica con el Instituto, con el fin de asesorar la formulación de proyectos que puedan presentarse al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) como fuente adicional de recursos.
La JEP ordenó adoptar medidas diferenciales en zonas gravemente afectadas por el conflicto armado y la desaparición forzada, como Buenaventura y Norte de Santander.
En el primer caso, la Alcaldía y el Ministerio del Interior deben informar en un plazo de 15 días los avances en la construcción de una sede del Instituto. En el segundo, se analizará una propuesta de cofinanciación por parte de la Gobernación.
También se dispuso que el Ministerio de Justicia lidere la creación de un grupo permanente dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, enfocado en diseñar estrategias para asegurar la sostenibilidad del Instituto, más allá de decisiones coyunturales.
¿Cómo se avanza en la búsqueda de desaparecidos?
Desde la adopción de la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada, la Sección de Ausencia de Reconocimiento ha intervenido 25 sitios en el país. Se exhumaron 1.891 cuerpos, 200 fueron identificados y se realizaron 128 entregas dignas a sus familias.
“La infraestructura forense en Colombia estaba diseñada para atender los casos del día a día”, explicó Carlos Murillo, subdirector del Instituto. Agregó que “todas las respuestas han sido satisfactorias, pero insuficientes frente a la magnitud de la desaparición en Colombia”.
La JEP concluyó que sin capacidades forenses suficientes no es posible garantizar verdad, justicia ni reparación. Por ello, el fortalecimiento institucional del Instituto es considerado un requisito estructural para el cumplimiento del mandato de paz.
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