La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al fiscal Francisco Barbosa para que responda por el seguimiento a las medidas cautelares adoptadas para la protección de los integrantes de las antiguas Farc.
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JEP cita al fiscal y al comisionado de Paz para que respondan por protección a excombatientes de las extintas Farc
En la diligencia tendrán que hablar sobre los incumplimientos de la entrega de informes para la protección de los firmantes de la paz.
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El comisionado de Paz Danilo Rueda, y el fiscal General Francisco Barbosa fueron llamados por al JEP. FOTO: Colprensa
31 de agosto de 2023
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En esta diligencia, que quedó agendada para el próximo 20 de septiembre, la jurisdicción también citó al alto comisionado de la Paz, Iván Danilo Rueda, y a la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Isabel Cuartas Montoya.
Según lo argumentado por los magistrados de la JEP, el fiscal deberá dar cumplimiento a las órdenes judiciales dictadas por la entidad para “mejorar el desarrollo de las investigaciones y su impacto sobre el esclarecimiento de las conductas de homicidios, tentativas, desapariciones forzadas y amenazas de las que han sido víctimas las personas en proceso de reincorporación”.
Esto sumado a que la JEP ha pedido en varias oportunidades la presentación de estos planes de acción. Sin embargo, se ha concluido que “se han entregado “informes” repetitivos y no ha dado cumplimiento, en consecuencia, las órdenes le fueron reiteradas para que sean presentados”.
En lo que respecta al Alto Comisionado para la Paz, la JEP le solicitó la presentación de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección aprobado y concertado con las víctimas para el pasado 8 de julio.
No obstante, la magistratura aseguró que “a la fecha no ha presentado ningún informe que dé cuenta de lo ordenado, relacionado con la forma en la que se abordó el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, la implementación del Acuerdo Final de Paz y la especificación de la proyección presupuestal para la ejecución de la política pública y el plan de acción para el desmantelamiento de las organizaciones criminales”.
“A más de 3 años desde que se impartieron las órdenes de adoptar e implementar dicho Plan en coordinación con los Gobiernos locales, aún no se cuenta con un instrumento que oriente las acciones y medidas que corresponden al Plan Estratégico de Seguridad y Protección, sus componentes y su articulación con los otros programas de seguridad”, se expresa en el auto.
Los datos presentados por la JEP aseguran que la situación de seguridad de los firmantes de los acuerdos de paz “continúa siendo crítica”, pues datos presentados por Indepaz aseguran que van 382 las víctimas de homicidio y 26 en lo corrido del 2023.
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