El ente de control busca establecer si hubo un aparente incremento injustificado de contratos por prestación de servicios en la entidad, que en el primer semestre firmó 4.853 contratos.
Por cuenta de presuntas irregularidades en la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios, este martes la Procuraduría General anunció que abrió una indagación previa en la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según el ente de control, durante el primer semestre del año y apelando a esta forma de vinculación laboral, entre enero y junio se habrían firmado 4.853 contratos, lo que representaría un 2.1 % más de los celebrados por la entidad durante el año anterior.
El Ministerio Público abrió indagación previa en contra de funcionarios por determinar y también busca establecer si los contratistas vinculados cumplían con las actividades encomendadas y con los requisitos de idoneidad para prestar el servicio.
“Igualmente es objeto de análisis por parte de la Procuraduría un aparente incumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la ANT”, explicó el ente de control.
Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó además a la ANT información sobre los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos en los últimos años por la entidad.
A finales de agosto pasado, el senador opositor Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), denunció un inusual incremento en la contratación de la Agencia Nacional de Tierras: según el parlamentario, el número de contratistas en solo un año pasó de 1.161 a 4.753. Es decir, un aumento en la planta de personal de más del 309 %.
Durante el debate, en el que también se le puso lupa a la contratación en el Ministerio de Agricultura, Uribe reveló que 74 de los nuevos contratistas participaron como candidatos en las elecciones territoriales de 2019, 55 en los comicios regionales de octubre pasado y 10 en las elecciones a Congreso en 2022.
“Crecieron la contratación de personal en 300% y los resultados son cero. Pero no solo eso, a quienes contrataron son políticos sin ninguna preparación técnica. Gastarse la plata del Estado para pagarle a los amigos también es corrupción”, declaró el senador.
De hecho, advirtió que la Agencia gastó $249.000 millones en nóminas, es decir, $182.000 más frente a 2022, cuando gastaba $67.600 millones.
En esa línea, reclamó que hay “contratos para todos los amigos y operadores políticos de Petro. Cero resultados en las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Conflictos de interés por contratar familiares y exfuncionarios amigos. En resumen, los campesinos fregados y ellos haciendo política con sus recursos”, manifestó.
