El país está a la espera de que la Corte Constitucional dé el aval a la Reforma a la Ley Estatutaria de Justicia para proceder con su implementación, luego de que se aprobara el pasado 15 de junio por la plenaria del Senado. Esta iniciativa, según Wilson Ruiz Orjuela, ministro de Justicia y del Derecho, puede no entregar todas las respuestas, pero es el camino indicado para solucionar las problemáticas que enfrenta en la actualidad la administración de justicia en el país y que desembocan, entre otras cosas, en inconformidad o falta de acceso por parte de los ciudadanos.
Algunos de estos problemas se reflejan en el informe Justicia Cómo Vamos, elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), la Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), la Fundación Corona y la Fundación Bolívar Davivienda, con el fin de mostrar una radiografía sobre el tema en 17 ciudades del país (en el periodo 2018-2019).
Entre los hallazgos de la investigación, basada en consultas a ciudadanos y datos entregados por la institucionalidad, se destaca que, en promedio, el 43 % de los encuestados tiene una imagen favorable de las entidades del sistema de justicia, mientras que el 30 % tiene una imagen desfavorable y el 26,8 % desconoce la existencia o el funcionamiento de las mismas.
Una de las conclusiones del estudio es que la ineficiencia y la desconfianza en el sistema son las principales causas por las que las personas no acuden a él para resolver sus conflictos (ver gráfico). En promedio, el 42,5 % de las encuestas arrojó que, sin importar cuál sea la entidad, la gente no busca soluciones en ellas al considerar que se tardan mucho en resolver los casos. Aunque es una cuestión de percepción ciudadana, Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la CEJ, considera que brinda un panorama interesante sobre el acceso a la justicia en Colombia y sobre los desafíos existentes.
“El desconocimiento de la comunidad supone un reto en cabeza de la institucionalidad estatal, la academia y la ciencia jurídica de acercar cada vez más la justicia a las personas. El distinto nivel de imagen favorable o desfavorable supone que el ciudadano tiene una mayor cercanía con algunas entidades encargadas de administrar justicia o que piensan que, por medio de las mismas, pueden encontrar salidas a sus controversias o discrepancias”, señaló el experto.
También influye la agilidad
Para Herrera, la cercanía entidad-ciudadanos es fundamental, pero también lo es la agilidad para resolver denuncias, quejas, reclamos o problemas, pues, según dijo, de esto dependen, además, la credibilidad y la opinión favorable, lo que va ligado a un aumento del acceso al sistema de justicia. Con esto coincide Claire Launay Gama, directora programática de Iniciativas con Sociedad Civil de la Corporación Transparencia por Colombia, quien manifestó que el desconocimiento sobre el funcionamiento de las entidades puede deberse a falencias en educación cívica y formación política, pero también a que la información otorgada en las páginas web todavía es escasa o difícil de entender para los ciudadanos.
“El lenguaje jurídico no es accesible a cualquiera, ahí notamos la necesidad de adaptarlo mejor. Con respecto a la desconfianza en la justicia, son cifras de percepción de la gente, pero significan mucho y están ligadas a la imagen sobre la corrupción, que también hace que se debilite la voluntad ciudadana de denunciar”, indicó la directora.
Las cifras oficiales, entregadas por el ministro Ruiz, indican que cada año se presenta un déficit en la atención de los procesos judiciales, lo que conlleva a ver la justicia como tardía e ineficaz. “En 2020, el ingreso efectivo de procesos ascendió a 1’897.244, mientras que el índice de egresos efectivos fue de 1’521.088, lo que indica un porcentaje del 80,17 % de egresos y un déficit en resolución del 19,3 %”, señaló el jefe de cartera.
Estas situaciones derivan en que la ciudadanía, muchas veces, decida resolver los conflictos por su cuenta, un indicador que, para Herrera, debe mirarse desde dos puntos de vista: por un lado, puede haber un alto porcentaje de controversias que son resueltas de manera amigable y, por el otro, puede que las personas se reserven la posibilidad de resolver los conflictos con tal de no acudir a instituciones sobre las que tienen una imagen desfavorable.
Este punto específico, contó el director, será el centro de un segundo estudio que busca conocer de qué forma se buscan dichas soluciones, si se hace de forma conciliadora entre las partes o por vías de hecho y mecanismos violentos que “podrían terminar escalándose a conflictos sociales”. De acuerdo con el informe Justicia Cómo Vamos, las dificultades de conocimiento y acceso requieren esfuerzos y estrategias de pedagogía, así como fortalecimiento del talento humano, la infraestructura, la productividad y los recursos tecnológicos, con el fin de mejorar la información en materia de gestión y garantizar una prestación más eficaz y ágil de la justicia.
Al respecto, Launay añadió que también es necesario “garantizar siempre la transparencia en los instrumentos judiciales, dar más claridad sobre cómo se manejan las instituciones, fortalecer la sanción social y judicial por actos de corrupción, fomentar la denuncia ciudadana, asegurar la independencia de la justicia y trabajar por la protección de los funcionarios que la administran en los territorios”.
Más presupuesto en la Rama
En este sentido, el senador Miguel Ángel Pinto Hernández, ponente de la reforma a la justicia, sostuvo que esta contiene herramientas fundamentales para dar respuesta a demandas que por años ha tenido el sector. En su criterio, el paso clave fue establecer el 3 % del presupuesto nacional para la Rama Judicial, lo que “le dará una mayor independencia, autonomía y facilidades para cumplir su función”.
El político destacó que el aumento de recursos ayudará en los procesos de descongestión de la justicia, la digitalización de los expedientes, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la agilidad en los procesos y la creación de juzgados itinerantes en todo el territorio nacional para mejorar la prestación de los servicios, entre otros aspectos.
“Un país sin una justicia que opere de manera pronta y eficaz se enfrenta a muchos problemas sociales. Nos sentimos muy contentos de que, por primera vez en muchos años, hayamos podido sacar una ley estatutaria de justicia con la concertación de todos los sectores de la Rama. Creo que el gran avance, entre todos los temas que se necesitaban regular y reglamentar, es básicamente que puedan contar con un presupuesto que implica cerca de 3 billones de pesos nuevos para la Rama”, señaló Pinto.
La concertación también fue indispensable en la construcción y aprobación de la reforma, de acuerdo con el senador, quien aseguró que, aunque hubo puntos difíciles de mayores discusiones, estos fueron acordados, casi en su totalidad, con todos los sectores de la Rama por medio de foros, debates, audiencias y reuniones.
Idea esta que fue reiterada por el jefe de la cartera de justicia: “La reforma aprobada es fruto de un trabajo concertado con las altas cortes, por lo que ahora se espera que se pueda dar respuesta a las problemáticas que en materia de administración de justicia, funcionamiento y transformación digital se han presentado durante los últimos 25 años, tiempo en el que varias iniciativas que habían sido presentadas, fueron archivadas”.
Entre tanto, Herrera afirmó que los resultados del informe fueron también compartidos con los presidentes de las altas cortes. “De parte de ellos hubo la mejor de las percepciones con relación al mejoramiento que cada una de estas corporaciones y sus jurisdicciones deben tener. Desde luego, también servirá este estudio para mejorar la política pública en aras de una justicia que, como servicio social, nos corresponde a todos fortalecer”, aseveró.
Con todo lo anterior se busca, coinciden los expertos consultados, que el sistema de administración de justicia cumpla con su responsabilidad de resolver las problemáticas que la ciudadanía no puede solventar de forma directa y por su propia cuenta. Así, también se contribuye, como lo indica el informe Justicia Cómo Vamos, a disminuir los niveles de violencia, a reflejar una institucionalidad fuerte que genera confianza y a fortalecer la paz social
