Los drones no dan tregua en Colombia. En apenas una semana, entre el 23 y el 28 de agosto, grupos armados ilegales volvieron a utilizarlos como armas de guerra en distintos puntos del país: en El Tambo, Cauca, cinco aeronaves lanzaron al menos 21 artefactos explosivos contra la estación de Policía; en Cesar, una ofensiva dejó militares heridos y, en otro ataque, un soldado murió tras el impacto de explosivos dirigidos desde un dron.
Se supone que nada de esto debería ocurrir ahora, porque el gobierno de Gustavo Petro iba a adquirir un poderoso “Escudo Antidrones”. Ya sabemos que se trató de otro proyecto de solo palabras.
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2026 los ataques con sistemas aéreos no tripulados aumentaron 146%, con un crecimiento sostenido mes a mes: pasaron de 13 casos en enero a 32 en mayo, el nivel más alto del periodo.
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En esos cinco meses se registraron 121 eventos relacionados con drones, que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. Pero el dato que más preocupa es la expansión geográfica de esta modalidad: los ataques ya no se concentran exclusivamente en zonas rurales o de confrontación armada, sino que “avanzan hacia nuevos departamentos y áreas pobladas”, transformando el conflicto y planteando nuevos desafíos para la protección de civiles y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
A mediados de agosto de 2025 no había un solo sistema antidrones adjudicado. El Gobierno lo presentó como una carrera contra el tiempo. Los drones cambiaron la guerra y Colombia necesitaba acelerar su capacidad para detectarlos, neutralizarlos y, llegado el caso, derribarlos.
Bajo esa urgencia nació el ‘Proyecto Nacional Escudo Antidrones’, una iniciativa que llevó a funcionarios del Ministerio de Defensa a recorrer ferias militares y visitar fabricantes y centros tecnológicos en tres continentes. Lo que no estaba en el relato oficial era la dimensión de la ruta.
EL COLOMBIANO, con documentación exclusiva, reconstruye la ruta internacional de funcionarios de alto nivel del Ministerio de Defensa que viajaron por tres continentes para estructurar el proyecto que debía proteger a Colombia de la nueva amenaza de los drones, pero que no se materializó en el gobierno de Gustavo Petro y todavía es una deuda.
Hay comisiones a Catar, Turquía, India, Europa y Estados Unidos, viáticos en dólares y al menos $96 millones ya documentados en cinco viajes de oficiales.
Todo quedó consignado en resoluciones, documentos presupuestales y reportes oficiales, una bitácora de al menos 12 comisiones internacionales relacionadas con el proyecto.
En ella aparecen el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la viceministra de Estrategia y Planeación, Angélica Verbel López; oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y del Ejército, el director de la Unidad Nacional de Protección y hasta asesores de la Secretaría Privada del Ministerio de Defensa.
Catar. Turquía. India. República Checa. Alemania. Francia. Reino Unido. Estados Unidos. España. Polonia. Tailandia. Lituania. La ruta parece la de una misión internacional de adquisición de armamento. El problema es que, después de meses de viajes, el gobierno Petro se acabó sin haber comprado los equipos del tan prometido sistema antidrones.
Bitacora viajera
La primera parada ocurrió incluso antes de que comenzara la seguidilla de misiones técnicas que el Ministerio ha reportado a este medio y que hacen parte de las omisiones de información que no le entregaron a EL COLOMBIANO con una relación de gastos detallada.
El 20 de enero de 2026, el exministro de Defensa, Pedro Sánchez, viajó a Catar para asistir a DIMDEX 2026, una de las principales ferias de defensa de la región, y conocer la oferta tecnológica de compañías como Barzan Holdings. Cuatro días después, entre el 24 y el 31 de enero, una nueva delegación llegó a Turquía.
Allí estuvieron la viceministra Angélica Verbel López, el coronel Edward Alexander Tovar Rodríguez, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (hoy Fuerza Aérea), y Augusto Rodríguez, director de la UNP.
La agenda incluyó visitas a MKE Corporation, Baykar y Otokar, empresas vinculadas a la industria de defensa y a sistemas no tripulados. Después vino la maratón de la viceministra. Durante febrero y marzo, Verbel encadenó misiones por India, República Checa, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
La explicación oficial estaba asociada a la exploración de capacidades para el futuro escudo colombiano. También aparece en la reconstrucción un viaje oficial de Pedro Sánchez a Washington para explorar tecnologías de defensa, aunque la información entregada no permite establecer con precisión la fecha ni el costo de esa comisión.
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Aquí aparece una de las principales preguntas de esta investigación: ¿cuánto costó realmente esta operación internacional? La respuesta del Ministerio no permite establecerlo. Mientras la cartera entregó información sobre los gastos de algunos oficiales de la Dirección de Personal del Ejército (DIPER), los documentos muestran que buena parte de las comisiones de funcionarios de alto nivel fueron financiadas desde la Unidad de Gestión General (UGG) del Ministerio de Defensa.
Siete resoluciones permiten seguir el rastro administrativo: 004089, 004090, 005937, 006138, 006139, 008194 y 008195. Todas fueron firmadas por el secretario general, Giovanni Arturo González Zapata. En ellas aparecen conceptos como “exploración tecnológica” y “confirmación de requerimientos”. Para los viáticos se utilizó el CDP 6126 del 5 de enero de 2026 y para los pasajes el RP 152726 del 20 de marzo.
El resultado es una especie de caja negra presupuestal: los documentos sí permiten saber que los viajes existieron, quiénes participaron y qué propósito tenían, pero no permiten reconstruir con la misma facilidad cuánto terminó pagando el Estado por siete de las doce misiones. Las del exministro Sánchez y demás funcionarios que viajaron con él, no fueron entregadas a EL COLOMBIANO.
Sin embargo, entre los viajeros aparecen funcionarios cuya responsabilidad habitual estaba lejos de la ingeniería de sistemas de defensa. Juan Carlos Figueroa Godoy, secretario privado del ministro, fue enviado a Hyderabad, India, bajo la Resolución 005937, para realizar “visitas de exploración tecnológica”.
Luis Antonio Gelvez Díaz, asesor de la Secretaría Privada, viajó a Vilna, Lituania, entre el 8 y el 12 de julio bajo la Resolución 008194. Y Andrea Yiset López Hernández, también asesora de la Secretaría Privada, hizo parte de la misma delegación en las mismas fechas, según la Resolución 008195.
La documentación no explica qué función técnica específica cumplieron estos asesores en la evaluación de sistemas militares especializados. Pero donde el Ministerio sí dejó una cifra concreta, el gasto resulta considerable.
Un informe del 12 de agosto, firmado por el teniente coronel Guillermo Gómez Rodríguez, oficial de ejecución presupuestal de la DIPER, establece que cinco viajes de oficiales vinculados al proceso representaron $96.087.301.
El tiquete del mayor Fredy Mauricio Ruiz Gutiérrez para su recorrido por España, Francia y Polonia costó $34.063.111. El del teniente Jhonatan Hernán Gómez Narváez, en una ruta que incluyó París, Tailandia e India, representó $22.175.588.
A eso se sumaron viáticos en dólares. Solo Ruiz Gutiérrez recibió 1.479 dólares durante su comisión internacional, además de los pagos correspondientes en pesos. Los documentos también muestran misiones que parecen replicar recorridos anteriores.
El capitán Edson Farid Macías Cifuentes y el teniente Gómez Narváez viajaron a Estados Unidos e India, respectivamente, con apenas unas semanas de diferencia entre abril y mayo. El gasto, por tanto, no terminó en un solo viaje.
Se multiplicaron las misiones mientras el proyecto seguía sin pasar a la fase decisiva: comprar. Y ese es el punto en el que la historia del ‘Escudo Antidrones’ cambia.
Porque el problema no es que Colombia haya enviado funcionarios al exterior para conocer tecnologías. En una materia tan especializada, visitar fabricantes y evaluar capacidades puede ser perfectamente necesario. El problema vino después.
Con corte a mediados de agosto de 2026, los documentos oficiales revisados por este diario muestran que el ‘Proyecto Nacional Escudo Antidrones’ todavía no había sido adjudicado.
No había sistema adquirido. No había escudo operativo. No había una capacidad nacional desplegada como resultado de aquella maratón internacional.
Había, en cambio, resoluciones, comisiones, tiquetes, viáticos, visitas empresariales y una larga lista de países recorridos. La promesa era construir un escudo para Colombia. El primer resultado tangible fue una ruta aérea alrededor del mundo.
Mientras funcionarios de alto nivel viajaban de Catar a Turquía y de India a Europa, y mientras oficiales acumulaban tiquetes de decenas de millones de pesos y viáticos en dólares, el proyecto continuaba en etapas de “exploración tecnológica”, “intercambio de alto nivel” y “presentación de capacidades”.
Plata perdida en pruebas
El proyecto del ‘Escudo Antidrones’ requería una arquitectura tecnológica sofisticada. Según la Resolución 006138, debía construirse un modelo por capas con capacidad de enfrentar desde drones comerciales modificados hasta aeronaves FPV y sistemas controlados mediante fibra óptica.
No se trata, por tanto, de comprar simplemente un inhibidor de señal: el sistema debe detectar drones como los fabricados por las empresas DJI y Autel, identificar amenazas FPV de alta velocidad y enfrentar plataformas guiadas que no pueden ser neutralizadas mediante los mecanismos tradicionales de interferencia electromagnética.
El cronograma revela ocho fases consecutivas de “vigilancia tecnológica” que arrancaron el 25 de marzo pasado con pruebas de sistemas antidrones tácticos con equipos móviles de despliegue rápido diseñados para detectar, identificar, rastrear y neutralizar drones amenazantes directamente en el campo de batalla o en operaciones en curso.
La prueba se hizo en Sogamoso, Boyacá, en la sede del Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), y continuaron del 6 al 18 de abril con evaluaciones de equipos fijos y semifijos en el Centro de Entrenamiento de Operaciones (CENOP) de San Luis, Tolima.
Le siguió, entre el 19 y el 30 de abril, la primera fase de “vigilancia internacional”, que llevó a los comisionados a España, Francia, Polonia, Estados Unidos, Tailandia e India para evaluar sistemas fijos, semifijos y tácticos, en simultánea con una segunda ronda de pruebas complementarias en Sogamoso (20 al 24 de abril).
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El calendario se repitió en mayo con nuevas pruebas en San Luis, Tolima (18 y 19 de mayo) y una segunda fase de vigilancia internacional a EE. UU. e India (25 al 30 de mayo), para cerrar el semestre con una vigilancia complementaria en San Luis enfocada en equipos de las firmas AXON y BEL (17 al 20 de junio) y una última visita técnica a Lituania para explorar “capacidades ampliadas” de sistemas C-UAS (8 al 12 de julio).
El gobierno anterior dejó aprobado un documento CONPES por $13 billones para la modernización tecnológica y de armamento de la Fuerza Pública, con inversiones destinadas a fortalecer sus capacidades operativas y financiar el macroproyecto del ‘Escudo Nacional Antidrones’. Para este último se contempló una inversión total de $6,2 billones, de los cuales al menos $1 billón quedó aprobado inicialmente.
EL COLOMBIANO accedió, en diálogo off the record, al testimonio de un experto técnico que participó en el proceso precontractual del ‘Escudo Antidrones’ durante el gobierno de Gustavo Petro. “Están soñando con un equipo que no existe en el mundo y que ni las grandes potencias tienen”, confiesa.
De acuerdo con su testimonio, el Ministerio de Defensa, hasta el gobierno pasado que se hicieron pruebas de supuestos prototipos, insistía en exigir una plataforma de mitigación absoluta que ninguna tecnología actual puede ofrecer, provocando que entre el 70% y el 80% de los fabricantes internacionales desistieran del proceso, cansados ante exigencias imposibles.
Detalló que en este momento el Ejército cuenta con rifles inhibidores Skyfend a través de la firma Galileo, mientras que la Policía opta por sistemas DroneShield.
El experto advierte que estas costosas adquisiciones individuales son inútiles para la realidad del conflicto colombiano. Aunque estos dispositivos tipo fusil o pistola electromagnética sirven para controlar eventos cerrados —como partidos de fútbol o conciertos—, en la seguridad ciudadana y nacional resultan inoperantes contra las tácticas del ELN y otros grupos armados.
“A un dron letalizado el ELN, por ejemplo, lo puede poner a volar a 100 metros de altura, por bajito, y desde ahí te liberan el artefacto explosivo; a esa distancia ni lo ve el soldado o policía y menos lo alcanza el radio del equipo”, explica el técnico, detallando que estos fusiles de interferencia solo funcionan si logran apuntar visualmente al dron a una altura máxima de 30 metros.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cómo funcionan los drones explosivos utilizados por grupos armados en Colombia?
- Son aeronaves comerciales adaptadas artesanalmente o artefactos FPV (visión en primera persona) programados para soltar granadas o detonar por impacto contra estaciones de policía, tropas o infraestructura civil a baja altura.
- ¿Por qué los fusiles inhibidores actuales no detienen los ataques de drones en zonas de conflicto?
- Dispositivos como Skyfend o DroneShield requieren línea de vista directa a menos de 30 metros. Los grupos armados operan drones a más de 100 metros de altura o mediante guiado por fibra óptica inmune a interferencias.
- ¿Qué es un sistema antidrones C-UAS y por qué es tan complejo de implementar?
- Un sistema C-UAS integra radares, sensores ópticos y neutralizadores por capas electromagnéticas o cinéticas. Su alta complejidad radica en la integración de software para detectar amenazas FPV de alta velocidad en geografías montañosas.
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