El camino jurídico para frenar la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, se sigue cerrando. Este miércoles, el Gobierno confirmó que fue negado un nuevo recurso presentado por su defensa, lo que deja cada vez más firme su envío a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico ante una Corte del Distrito Este de Texas.
La decisión quedó en firme mediante la Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026, con la cual el Ejecutivo rechazó el recurso de reposición que buscaba que Marín Silva cumpliera primero sus condenas en Colombia antes de ser entregado a la justicia estadounidense. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, desde la cárcel La Picota, quien confirmó que el trámite administrativo ya se agotó en lo sustancial.
Aunque el jefe de la cartera aclaró que a la defensa aún le queda un recurso pendiente, fue enfático en señalar que las posibilidades de revertir la extradición son mínimas. “Le queda un recurso que seguirá en trámite, pero, a estas alturas, difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos que cambien la decisión”, afirmó el ministro, dejando claro que el envío del cabecilla criminal es, en la práctica, inminente.
La defensa de alias Pipe Tuluá había solicitado una entrega condicionada, argumentando que la orden de extradición no valoró de manera suficiente las sentencias condenatorias ya ejecutoriadas en Colombia por delitos como extorsión, secuestro y homicidio agravado. Según el abogado, permitir la extradición sin que el procesado pague primero sus penas vulneraría los derechos de las víctimas y la soberanía judicial del país.
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Sin embargo, el Gobierno desestimó ese planteamiento al reiterar que la facultad de diferir una extradición es discrecional y no obligatoria. En la resolución se concluyó que no resultaba conveniente aplazar la entrega, dado que se cumplieron los requisitos constitucionales y que la cooperación internacional es clave en la lucha contra el narcotráfico. Además, se precisó que Colombia no ha ejercido jurisdicción sobre los hechos específicos de narcotráfico que motivaron la solicitud de Estados Unidos.
El Ejecutivo también cerró la puerta al argumento de la defensa relacionado con la política de paz total. Aunque se alegó que la extradición desconocía eventuales acercamientos con la estructura criminal La Inmaculada, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz certificó que Marín Silva no tiene ningún rol en mesas de diálogo ni reconocimiento como vocero o representante en procesos de negociación.
Alias Pipe Tuluá es requerido en Estados Unidos por tres cargos federales relacionados con concierto para distribuir cocaína, tráfico con fines de importación al país norteamericano y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de esa droga.
Frente a los procesos que enfrenta en Colombia, dos condenas en ejecución y once investigaciones en curso, el Gobierno indicó que podrá comparecer ante la justicia nacional a través de mecanismos virtuales de cooperación judicial.
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