La organización humanitaria Human Rights Watch instó este martes al fiscal general Humberto Martínez a que reactive un proceso penal contra el exjefe del ejército por la supuesta ejecución extrajudicial de cientos de personas.
El pedido fue formulado tras la revisión de cientos de páginas de transcripciones de los testimonios de seis generales del ejército a la Fiscalía General en los que responsabilizaron al excomandante de esa fuerza, general Mario Montoya Uribe, de ejecuciones cometidas mientras se desempeñó como comandante del ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, explicó que su despacho tuvo acceso en octubre a los testimonios brindados por los militares a puertas cerradas entre agosto de 2015 y enero de 2016 y que forman parte de múltiples expedientes protegidos bajo el secreto sumarial.
Human Rights Watch indicó que Montoya se encuentra bajo investigación desde 2015 por casos de “falsos positivos”, como se conoce en Colombia a las ejecuciones de civiles que los militares hacían pasar por guerrilleros muertos en combate registradas entre 2002 y 2008.
La organización recordó que Montoya había sido citado en marzo a una audiencia de imputación que luego fue suspendida y que hasta el momento no se han formulado cargos en su contra.
“Las evidencias muestran que Montoya no adoptó medidas para impedir ni sancionar ejecuciones extrajudiciales”, declaró Vivanco. “Ya es hora de que la Fiscalía use la importante evidencia con la que cuenta y avance en este caso”, agregó.
Montoya, quien también fue embajador de Colombia en República Dominicana, ha rechazado los señalamientos y se ha declarado inocente.
Vivanco indicó que Montoya es uno de 14 generales investigados actualmente por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2006 y 2008 y criticó que las cerca de 800 sentencias por estos casos hayan recaído principalmente en soldados y efectivos de bajo rango.
Human Rights Watch también expresó preocupación por la posibilidad de que estos generales sean juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz porque considera que ese sistema judicial creado por el gobierno y la guerrilla de las Farc como parte del proceso de paz incluye una definición del principio de responsabilidad de mando que no se ajusta al derecho internacional.
En octubre de 2008 Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares porque por acción u omisión habían permitido muertes de civiles a manos de uniformados.
Desde entonces la Fiscalía inició una vasta investigación y estableció que unas 4.000 personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
