“Queremos entregar una investigación seria, y puede que no sea en los tiempos que algunos desearían”, dijo semanas atrás la fiscal general, Luz Adriana Camargo al referirse a la investigación sobre “Papá Pitufo” y su posible financiación a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, esta misma declaración podría aplicarse a cualquier otro caso bajo su administración. Desde su elección por la Corte Suprema de Justicia hace un año, su gestión ha sido duramente criticada debido al avance extremadamente lento en procesos de gran calado.
Luz Adriana Camargo fue ternada para el cargo en el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, lo que generó un ambiente de alta expectación y, en ciertos sectores, desconfianza. Al asumir el liderazgo de la Fiscalía, encontró varios procesos en marcha, además de otros que fueron abiertos bajo su administración, en muchos casos, casi por presión mediática, como el escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, cuyos propios implicados fueron los encargados de destapar la olla.
La fiscal Camargo es criticada por la lentitud con la que avanzan las investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios de la Casa de Nariño, familiares de Petro y cercanos. Con un año en el puesto y sin que se hayan producido sentencias, los opositores más radicales ya la tildaron de “fiscal de bolsillo”.
Las críticas tienen asidero en los resultados. De los cinco casos emblemáticos en los que la Fiscalía debería estar enfocada -la campaña Petro (Ricardo Roa y Nicolás Petro), Odebrecht, UNGRD, y el caso de Álvaro Uribe por soborno- sorprendentemente, solo ha habido avances significativos en el último. En el caso de Uribe, actualmente en la etapa probatoria del juicio. En contraste, las otras investigaciones avanzan a paso de tortuga, con pocos resultados tangibles hasta la fecha. Esta disparidad en el ritmo de los procesos levanta serias dudas sobre la eficiencia de la Fiscalía en manejar casos de tanta relevancia nacional.
Campaña Petro Presidente
Es, probablemente, una de las investigaciones con el mayor volumen de material probatorio documental y testimonial. Las acusaciones han sido ampliamente difundidas en redes sociales y respaldadas por las confesiones de los propios implicados. Uno de ellos, Nicolás Petro, reconoció ante el fiscal Mario Burgos haber recibido dinero de narcotraficantes para financiar la campaña. El otro, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en medio de una rabieta exigió su lugar en el Gobierno a cambio del dinero que “consiguió” para la campaña.
“yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan (...) Prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza”, le dice Benedetti a Laura Sarabia, entonces jefe de Despacho presidencial en notas de voz.
Por los ingresos no reportados a la campaña y su sospechosa procedencia, en octubre de 2024 la Fiscalía abrió indagación al entonces jefe de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, y a otros exministros del Gobierno del Cambio. Lo alarmante es que, a pesar de las múltiples denuncias contra Roa y de los avances que ya ha tenido el Consejo Nacional Electoral en este mismo caso, donde incluso se ha formulado cargos contra el presidente, el proceso sigue estancado. La indagación sigue en curso, la recolección de pruebas continúa, pero sin avances sustantivos. Según el ente investigador, “el proceso se encuentra a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y está en desarrollo con la finalidad de esclarecer los hechos objeto de indagación”.
Si no hubiera sido por la intervención en televisión nacional de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, revelando el supuesto ingreso de 500 millones de pesos provenientes del contrabando a la campaña de Petro, el tema no habría vuelto a sonar. De hecho, semanas después, el propio Rodríguez fue llamado a declarar, lo que motivó la advertencia de la fiscal: “los resultados pueden que no sean en los tiempos que algunos desearían”. Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, un conocido contrabandista del país, intentó infiltrarse en la campaña con su dinero, a la vista de varios allegados a Petro. La declaración de Rodríguez se dio en el mismo expediente que aún tiene en preliminar el caso de Roa.
Corrupción en la UNGRD
La investigación por el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se mueve en realidades paralelas: de un lado el avance con los que decidieron colaborar y contar lo que saben y de otro los intocables exministros de Petro, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González y Gloria Inés Ramírez, quienes supuestamente integraron un cónclave para hablar de la posible repartija, según testimonios.
En cambio, están a punto de ser condenados los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, el excontratista Luis Eduardo López y el abogado Édgar Riveros (señalado de ofrecer dinero a los anteriores para que cambiaran sus testimonios). Así mismo, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones ya fue acusada y estaría a días de llegar a un preacuerdo para reducir su pena a cambio de contar lo que sabe.
Otros casos, no relacionados con Petro, como la posible financiación de la multinacional brasileña, Odebrecht en campañas presidenciales en Colombia no han tenido ningún repunte. En septiembre del año pasado la fiscal ordenó la reorganización del grupo investigador tras hallar resultados deficientes. Desde entonces no se reportan avances.
El caso Daily Cop, la captadora ilegal de dinero que habría hecho aportes a la campaña Petro presidente, tampoco tiene resultados. Recientemente se conoció que la Fiscalía avanzaba en negociaciones con el principal testigo, Omar Hernández, quien además denunció amenazas de muerte en su contra. Algunos analistas como Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia afirman que no es alarmante que en el primer año de gestión no haya grandes avances.
“ Realmente el primer año de gestión dentro de toda actividad administrativa y eso incumbe desde luego también a la Fiscalía es un año de aterrizaje en el cual se fijan las pautas fundamentales de trabajo, los lineamientos que esa administración quiere concretar y desde luego también viene a integrarse el equipo de trabajo. En ese sentido me parece que dentro de esa perspectiva lo más importante va a ser el segundo año, es en ese segundo año donde conforme ese plan de trabajo y ese equipo se empieza a medir la efectividad que se tenga en un órgano de naturaleza por ejemplo pública como indudablemente también lo es la Fiscalía General”, afirmó.
