La Fiscalía radicó ante los jueces de Barranquilla la imputación de cargos y una solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro, por presuntos hechos de corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.
El ente investigador señala que el hijo del presidente habría participado en la firma de cinco documentos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico, de los cuales se habían pagado 3.000 millones de pesos- y que tenían como finalidad la realización de labores sociales con adultos mayores y estudiantes en situación de discapacidad-, pero que no habrían cumplido con lo previsto.
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Los recursos públicos que, al parecer, estaban destinados para dichas actividades no habrían llegado al objetivo de los contratos, según publicó Semana, por lo que Nicolás Petro habría incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
En Colombia, el delito de interés indebido en la celebración de contratos puede acarrear penas de prisión de 64 a 216 meses y una multa de 66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). Del mismo modo, el artículo 287 del Código Penal establece prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses para quien falsifique un documento público.
El fiscal Mario Burgos ya había anticipado esta imputación de cargos en enero de 2024, pues advirtió que los ingresos del hijo del jefe de Estado no parecían legítimos, al contrario, serían injustificados y provendrían del enriquecimiento ilícito “entregado incluso por algunas personas y no relacionadas con su rol de diputado, como es el caso del señor Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega, Jorge Robayo”.
Tras esta imputación de cargos, el periodista Sebastián Nohra publicó en su cuenta de X unos chats en los que Leonardo Mejía, jefe de la dirección contra la corrupción, solicitó conocer con “urgencia” la identidad de la persona que lleva este caso, aunque se desconocen las intenciones de esta solicitud. El comunicador cuestionó que Mejía haya solicitado tal información justamente después de que se publicara la nota sobre la imputación en Semana.
“A los minutos que Semana publicó la noticia, el director anticorrupción solicitó con urgencia conocer qué fiscal tomó la decisión. Ese fiscal cuenta con la autonomía y la ley para poder hacerlo”, dijo el periodista en sus mensajes.
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