El 13 de octubre de 2023 comenzaron los diálogos con la estructura criminal, sin embargo, desde entonces ha habido varias controversias y hechos que involucran al grupo, como la masacre de Amalfi, la infiltración en la DNI y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
En la mesa de negociaciones entre el Estado Mayor Central (EMC) —federación de facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que no se acogieron al proceso de paz de 2016— están sentados los representantes de nueve grupos ilegales frente al Gobierno Nacional buscando la paz en los territorios.
Sin embargo, el proceso ha sido lento, y en los últimos meses el grupo liderado por alias Calarcá se ha visto envuelto en varias polémicas mientras, gracias a su presencia en las mesas de diálogo, goza con beneficios jurídicos y militares.
Según datos de la Consejería de Paz —entregados a RCN— el proceso de Paz Total planteado por el Gobierno de Gustavo Petro ha costado en total 84.816 millones de pesos.
Actualmente, hay nueve mesas activas. El Gobierno cuenta con 11 representantes, mientras que, por ejemplo, alias Calarcá se sienta junto a otros 40 criminales, muchos con órdenes de captura suspendidas, un beneficio que gozan por estar sentados allí.
Sin embargo, la violencia en varios municipios de Colombia por cuenta de las disidencias ha persistido. No es un dato menor, pues el proceso lleva activo desde el 13 de octubre de 2023. Es decir, tras más de dos años, no se han visto resultados.
Lo más preocupante es que la facción a cargo de Calarcá ha estado presente en varias de las polémicas y hechos violentos que han ocurrido en el año.
A pesar de esto, según registros de las autoridades, 13 de los últimos 15 bombardeos han sido dirigidos a grupos distintos. Mientras tanto, según datos entregados por la Consejería de Paz, los diálogos con las disidencias al mando de Calarcá han costado 30.299 millones de pesos.
La más reciente, y que ha mantenido al país en vilo, es la presunta infiltración de aquel grupo ilegal en los sistemas de inteligencia y seguridad del Estado colombiano. Todo con, al parecer, ayuda de altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional.
El escándalo, revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, salpica al general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército; y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI. Ambos fueron relacionados por disidentes —en chats y documentos en manos de la Fiscalía— de ser los encargados de proporcionarle información sensible a los criminales para evadir la Justicia.
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Eso no es lo único. Hace dos meses, cuando alias Gabriela, una de las capturadas y judicializadas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, rindió testimonio a la Fiscalía, aseguró que la orden de asesinar al político venía desde Caquetá.
En aquel departamento operan las disidencias al mando de Calarcá y los grupos al mando de Iván Mordisco. Este último dio un comunicado a la opinión pública, asegurando que ellos no estaban involucrados. Calarcá permaneció el silencio. Aquello puso a esta disidencia en el punto de mira, como posible actor intelectual.
A la lista se suma la masacre de Amalfi, Antioquia, donde disidencias de Calarcá fueron señaladas de participar en el asesinato de 13 miembros de la fuerza pública. A estos casos en concreto se suman otros delitos cometidos por la organización, como narcotráfico, minería ilegal y las extorsiones.
A pesar del historial, las disidencias de Calarcá siguen sentadas en las mesas de diálogo, que van por el séptimo ciclo de negociación. El más reciente fue liderado por Calarcá, y se realizó en Campo Hermoso, San Vicente del Caguán. Sin embargo, no ha habido avances significativos.
En medio de la quietud del proceso, el presupuesto para el mismo ha seguido aumentando, convirtiéndose así en el segundo más caro, solo superado por el proceso de paz con el ELN.
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Según la información entregada por la Consejería de Paz al medio citado, los costos más altos son: los honorarios, que han costado casi 5.500 millones de pesos; las medidas de protección para negociadores del gobierno y de las disidencias, 5.967 millones; y los gastos en tiquetes y transporte aéreo, que superan los 6.600 millones.
Las dudas no solo se ciernen entonces frente a la falta de resultados de las negociaciones a pesar de los altos costos, sino que, gracias a beneficios como ceses al fuego y suspensión de órdenes de captura, el frente 36 de las Farc, adscrito al bloque Magdalena Medio del EMBF, está enviando comisiones a distintos departamentos para formar nuevos frentes de guerra.
EL COLOMBIANO ha denunciado aquella expansión en los últimos meses, que se ha dado, no solo gracias a su inmunidad judicial, sino que Calarcá también ha sido beneficiado por los ataques que el Estado le ha hecho a sus grupos ilegales enemigos, como el ELN y las cuadrillas de “Iván Mordisco”.
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