Una resolución de la Fiscalía, revelada por Noticias Caracol, dejó al descubierto un inesperado revés en uno de los procesos por terrorismo más importantes de Bogotá.
A través de la Resolución 171, expedida el 16 de junio de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó quitarle a una fiscalía especializada el expediente contra 11 presuntos miembros de la organización los PPP o ‘Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo’.
La decisión, tomada horas antes de la audiencia de acusación programada para el 17 de junio, trasladó el caso a un recién creado grupo de tareas dedicado a investigar la protesta social, el cual pertenece a la Unidad de Justicia Restaurativa.
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Según el documento, el propósito de este traslado es “examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas” y evaluar la viabilidad de “mecanismos restaurativos o de terminación anticipada”.
Los casos
Entre 2024 y 2025, Bogotá fue escenario de por lo menos 15 actos terroristas que dejaron como principales víctimas a la ciudadanía y a la fuerza pública.
Entre los ataques más graves está la quema de un bus del SITP y el uso de explosivos contra una patrulla con uniformados en su interior.
La investigación, sustentada en agentes encubiertos, interceptaciones y ubicación de celulares, llevó a que en marzo de este año una fiscalía especializada presentara un escrito de acusación por ocho delitos, incluyendo concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, y fabricación y tráfico de explosivos.
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Sobre este sorpresivo cambio, enfocado en evaluar mecanismos de terminación anticipada, la resolución de la fiscal general detalla:
“La variación de la asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al grupo de tareas especiales para examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o de terminación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable”.
Esta decisión contrasta drásticamente con la postura de los jueces de control de garantías que enviaron a los detenidos a prisión, quienes recalcaron la gravedad y la violencia exacerbada de los ataques.
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El Juzgado 10 Penal Municipal de Bogotá fue enfático al desestimar cualquier vínculo de los hechos con la movilización ciudadana: “Estos hechos no pueden estar amparados por el ejercicio legítimo de la protesta. (...) Es el ejercicio de acciones violentas de manera exacerbada que demuestra un desprecio frente a la integridad física del conglomerado común”.
Preguntas y respuestas
- ¿Por qué la Fiscalía cambió el caso de la Brigada Clandestina (PPP) a fiscales de justicia restaurativa?
- La Fiscalía reasignó la investigación mediante una resolución interna para que fuera asumida por fiscales especializados en justicia restaurativa. El alcance y los efectos de esa decisión forman parte del debate jurídico y el proceso continúa sujeto a las actuaciones judiciales.
- ¿Qué es la justicia restaurativa y en qué casos puede aplicarse en Colombia?
- La justicia restaurativa busca reparar el daño causado mediante mecanismos previstos por la ley que involucran a las partes. Su aplicación depende del tipo de delito, los requisitos legales y las decisiones de las autoridades judiciales competentes.
- ¿Qué es la Brigada Clandestina (PPP) y de qué la señalan las autoridades?
- Las autoridades atribuyen a la Brigada Clandestina (PPP) una serie de ataques ocurridos en Bogotá entre 2024 y 2025, incluidos hechos con explosivos e incendios. La responsabilidad penal de los procesados deberá definirse en las etapas correspondientes del proceso judicial.
- ¿Qué implica que un proceso penal pase a un enfoque de justicia restaurativa?
- El cambio de enfoque no significa el cierre automático del caso ni la absolución de los investigados. Dependiendo de la legislación aplicable y de las decisiones judiciales, puede abrir la puerta a mecanismos alternativos sin reemplazar el control de los jueces.
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