La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron este martes ante el Congreso el XI Informe de Monitoreo a la Ley de Víctimas, advirtiendo sobre importantes rezagos en su cumplimiento.
Las tres entidades señalaron que los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para atender, asistir y reparar integralmente a las más de nueve millones de víctimas del conflicto registradas en el país.
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El informe destacó que los esfuerzos para superar la vulnerabilidad de estas personas no han sido suficientes, reflejando un déficit crítico en la entrega de subsidios de vivienda tanto urbana como rural.
Asimismo, reveló que el 51,6% de las víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) no tienen ingresos suficientes para alimentación y servicios básicos.
La pobreza extrema ha aumentado del 13,2% en 2019 al 21,2% en 2022, y más de un millón de víctimas no tienen los recursos necesarios para una alimentación básica.
¿Faltarían 300 billones para reparar víctimas?
Desde la entrada en vigor de la Ley de Víctimas en 2011, solo 1.368.269 víctimas han sido indemnizadas, un 14% del total de las que tienen derecho a compensación.
Según el informe, se necesitarían 303,9 billones de pesos para garantizar todas las medidas de asistencia, atención y reparación hasta el año 2031.
Estos recursos se desglosan en necesidades críticas, como $118,0 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnización individual y colectiva, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior.
El informe también evidenció que más del 77% de las víctimas enfrentan déficit habitacional, con una brecha creciente en el acceso a vivienda en comparación con la población general.
Entre 2012 y abril de 2024, de los 101.622 subsidios de vivienda urbana asignados, aún no se han entregado 12.608.
En el ámbito rural, de los 34.651 subsidios otorgados, un 64,6% permanece sin ejecutar, lo que retrasa aún más la posibilidad de reparación para las víctimas del conflicto.
Reportaron falencias en los procesos de restitución de tierras
Además, el reporte denunció que la restitución de tierras presenta falencias en todas sus etapas:
Desde la demora en el registro de tierras despojadas, pasando por la congestión en la etapa judicial, hasta el incumplimiento de sentencias por parte de diversas entidades gubernamentales.
La ejecución lenta y la falta de continuidad en las políticas de retorno y reubicación, especialmente en términos de seguridad y acceso a recursos, han impedido avances sostenibles en la restitución de derechos.
En cuanto a la protección de las víctimas, la comisión hizo un llamado urgente a mejorar la atención humanitaria, resaltando que las necesidades en departamentos como Chocó, Nariño, y Arauca siguen siendo críticas.
En los últimos tres años, el confinamiento de comunidades aumentó significativamente en estas regiones, lo que ha complicado aún más la situación humanitaria.
Asimismo, el informe subrayó que la población LGBTIQ+ y las mujeres víctimas del conflicto enfrentan barreras significativas para acceder a programas de protección específicos.
La comisión recomendó una mayor inclusión del enfoque de género en las políticas de atención y reparación para garantizar una atención efectiva a estas poblaciones vulnerables.
Finalmente, el documento también abordó las dificultades que enfrentan las víctimas en el exterior. El subregistro de estas personas ha sido un problema debido a las barreras para realizar sus declaraciones en los países donde se encuentran.
Se está trabajando con la Cancillería para facilitar el cumplimiento de la Ley 2343 de 2023, que amplió los plazos para la presentación de declaraciones.
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Ante este panorama, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas urgentes para agilizar la implementación de la Ley de Víctimas.
