El Juzgado Segundo Penal de Circuito Transitorio de Bogotá revocó el beneficio de detención domiciliaria para la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla y ordenó su captura inmediata para que así cumpla con su medida de aseguramiento en un centro de reclusión por el caso de interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, quien en ese momento se desempeñaba como jefa de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora es directora del programa de Prosperidad Social.
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La decisión fue tomada después de que se encontrara que Canizales no habría renunciado a sus funciones –aunque se hubiera comprometido a hacerlo, buscando un principio de oportunidad–, luego de resultar implicada no solo en las chuzadas contra Meza, sino contra Fabiola Perea, otras de las mujeres que trabajaba para Sarabia en su casa.
Francy Eugenia Gómez Sevilla, la fiscal al frente del caso, también llegó a la conclusión de que la patrullera no puede continuar en libertad porque podría empezar a afectar considerablemente el proceso adelantado no solo en su contra, sino con otros de sus compañeros, como es el caso del uniformado Jhon Fredy Morales Cárdenas, Alfonso Quinchanegua y Carlos Andrés Loaiza, quienes también deberán de permanecer en la cárcel.
La policía Canizales deberá de cumplir la orden del juez en la cárcel de Policía de Facatativá o donde lo disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
“Para este despacho, el hecho que la imputada esté aislada en el municipio de Rovira, Tolima, y que se le haya prohibido salir de dicho lugar no garantiza el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, pues para nadie es un secreto que cualquiera cuenta con las herramientas informativas desde cualquier lugar, lo que representa un riesgo de reiteración”, explicó la togada.
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Renglón seguido, la jueza argumentó que para su despacho que la imputada esté aislada en el municipio de Rovira, Tolima, y que se le haya prohibido salir de dicho lugar no garantiza el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, pues para nadie es un secreto que cualquiera cuenta con las herramientas informativas desde cualquier lugar, lo que representa un riesgo de reiteración.
Los cuatro uniformados están siendo procesados por los delitos de fraude procesal y falso testimonio, ya que según encontró la fiscalía, los policías Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua habrían alterado la denuncia interpuesta el pasado 30 de enero de 2023 por el presunto robo de la maleta con dinero que pertenecía a Laura Sarabia.
Con esas alteraciones después habrían logrado generar un falso expediente sobre la denuncia interpuesta el pasado 30 de enero de 2023; y así conseguir la orden de un juez para interceptar las dos líneas telefónicas, haciéndolas pasar por integrantes del Clan del Golfo, bajo el alias de La Cocinera y La Madrina.
Así mismo, sostiene el ente investigador, el capitán Carlos Andrés Loaiza y el agente de la Dijin, Jhon Fredy Morales, se alcanzaron a enterar de estas irregularidades dentro del informe presentado por Canizales y Quinchanegua, pero hicieron caso omiso y dejaron que el proceso continuara. Por lo cual, ahora deberán de responder a la autoridad también por sus acciones de complicidad.
Ahora se espera, luego de las respectivas imputaciones, que la Fiscalía radique su escrito de acusaciones ante un juez de conocimiento.
