“Habría riesgo de colapsar el trabajo de la JEP si se le pusieran nuevas responsabilidades”: presidente de la JEP

Roberto Vidal le dijo a EL COLOMBIANO que cualquier cambio a sus estatus debe pasar por el Congreso. Dijo que arribo de elenos o de disidencias requiere más presupuesto.

El presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, dice que una de sus mayores preocupaciones es la seguridad de los magistrados. FOTO Colprensa

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, lo dice sin tapujos: en las actuales condiciones del tribunal sería imposible recibir a nuevos comparecientes del ELN, las disidencias o de cualquier otro grupo con el que el gobierno de Gustavo Petro negocie la paz.

Vidal –en entrevista con EL COLOMBIANO– aseguró que están dispuestos a colaborar con la paz total, pero detalló cuáles serían las condiciones de la Jurisdicción para que algo así ocurra.

Es Ph.D en derecho, experto en Derechos Humanos y se posesionó en su cargo en noviembre del año pasado. Como presidente de este cuerpo de justicia transicional, Vidal respondió también sobre las primeras sentencias de su Tribunal y habló del caso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se viene jugando hace una semana su última carta para pedir pista ante la JEP.

Empecemos por las amenazas a sus magistrados, ¿cómo fueron los hechos?

“El magistrado Alejandro Ramelli recibió unas amenazas el pasado lunes en su correo personal, que hacen referencia al trabajo que viene realizando justamente en investigaciones en Antioquia sobre el caso de las desapariciones y muertes fuera de combate presentadas por la Fuerza Pública (falsos positivos). Nosotros recibimos esos mensajes firmados aparentemente por miembros del Clan del Golfo”.

Pero ellos, posteriormente, negaron ser los responsables. ¿Tienen indicios de que sean ellos u otros grupos ilegales?

“También recibimos una comunicación posterior firmada aparentemente por miembros de ese Clan negando la autoría. Nosotros no tenemos hipótesis al respecto, lo que hemos hecho es poner en conocimiento el tema de la Fiscalía”.

¿Cuál podría ser el interés para amenazar a un magistrado, que no avancen las investigaciones?

“Yo creo que no es comprensible ni entendemos por qué podrían las investigaciones de la jurisdicción representar una amenaza para un actor en particular”.

¿Pararán las investigaciones?

“La JEP es un patrimonio de la nación y una de las herramientas fundamentales para la paz. Como una institución del Estado, nosotros no vamos a parar nuestras investigaciones”.

Ustedes denunciaron a la Fiscalía por obstrucción en el caso Santrich, ¿qué avances hay?

“Nosotros estamos a la espera de los primeros resultados que deberá producir la investigación de la Fiscalía General. Por ahora no hay ningún avance que pueda detallarle”.

Pasemos a otro tema. De Mancuso ya sabemos casi todo lo que hizo y cómo se alió con la Fuerza Pública. ¿Qué de nuevo tendría que decir en las audiencias de verdad para que la JEP lo reciba?, ¿no es suficiente lo que ya sabemos de él?

“El señor Mancuso lleva más de diecisiete años ofreciendo información a la justicia en Colombia, particularmente a los tribunales de Justicia y Paz y a la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que haga unos aportes adicionales en el caso particular por el que le estamos convocando. El señor Mancuso deberá describir cómo operaba como agente subordinado de la Fuerza Pública o miembro de ella. Le corresponde a él demostrar que los aportes que está haciendo son nuevos para la jurisdicción y a partir de eso los magistrados toman una decisión sobre su ingreso”.

Si la JEP lo acepta, ¿él seguiría en libertad o desde un centro carcelario? Y, si finalmente se va a Italia, ¿podría comparecer desde allá?

“Él está compareciendo ante las autoridades en Colombia de manera permanente, ante el Tribunal de Justicia y Paz tiene programadas audiencias hasta 2024. En caso de que se fuera a Italia habría que ver cuáles serían las condiciones posibles de su comparecencia. Pero nada está definido”.

También está el caso de Jorge 40. ¿Cuál es el caso de exjefes paramilitares que más ha avanzado para entrar a la JEP?

“Tal vez es el de Mancuso es el que más ha avanzado. Aunque, como usted sabe, Jorge 40 rindió un testimonio con el mismo propósito”.

Él ya se jugó su última carta, ¿cuándo sabremos si él sí va a ser compareciente?

“Sin duda eso se dará en un periodo muy corto, en el que se pueda estar decidiendo al respecto, aunque no podría decirle una fecha concreta”.

Hablando de tiempos, habían dicho que las primeras sanciones llegarían para este primer semestre de 2023, ¿sí lo logran?

“Las decisiones que están pendientes para llegar a las primeras sanciones están a cargo del Tribunal que en este momento realiza el juicio dialógico que debe conducir a las sanciones propias. Lo cierto es que nuestro primer proyecto piloto de sanciones propias va a tratar sobre el tema del manejo al riesgo de minas y desminado, justamente en el área de Dabeiba; debe comenzar a funcionar en los próximos meses. Por eso es tan importante rodear a este municipio de todas las garantías para que eso sea posible”.

¿Cómo explicarles a las personas que primero va a ser ese piloto de sanciones y luego ahí sí vamos a conocer las decisiones del Tribunal?

“En la justicia ordinaria, en el ejercicio de Justicia y Paz, también existe la figura de la sanción anticipada. Es lo mismo que pasa cuando una persona es detenida antes de ser condenada: el periodo que pasa es de la detención en la cárcel mientras realizan el juicio. Después, si llega a ser condenada, le cuenta como tiempo de redención de su pena”.

¿Qué porcentaje de comparecientes ha admitido sus responsabilidades?

“El 90% de nuestros comparecientes, que están sometidos a la jurisdicción, han reconocido su responsabilidad, lo cual es uno de los resultados más importantes del trabajo”.

Y ese 10% restante que pasa al juicio adversarial, ¿cuántas personas son?

“Por ahora les han enviado al juicio adversarial a cuatro personas, miembros de la Fuerza Pública, que han ejercido su derecho a no reconocer responsabilidad”.

Usted ha manifestado preocupaciones por la eventual llegada a la JEP de otros actores armados como el ELN, ¿podría detallar qué es lo que le preocupa?

“La JEP es un organismo construido y diseñado para buscar la paz en Colombia y la reconciliación. Estamos al servicio del país, del Gobierno y del Congreso como un modelo de justicia transicional que pueda ser útil para nuevas negociaciones. Sucede, sin embargo, que la JEP es un organismo que ha sido diseñado de manera muy especializada para tratar con el tema de la antigua guerrilla (de las Farc) y la guerra, para buscar la Fuerza Pública y particulares, y para eso tiene sus dimensiones”.

Es decir, el problema es de planta y de presupuesto...

“Correcto. Cualquier nuevo grupo de comparecientes que por razón de los acuerdos llegara a la competencia de la JEP implicaría que nosotros deberíamos disponer de recursos adicionales o de una estructura adicional”.

¿Qué podría pasar si no se da?

“Si se pusieran nuevas responsabilidades se correría el riesgo de colapsar el trabajo de la JEP en el presente”.

Habría que modificar los estatutos de la JEP ¿Eso tendría que pasar obligatoriamente por el Congreso, o con que ambas partes estén de acuerdo bastaría?

“Sí. Esto obligatoriamente es un problema que se tiene que abordar con el Congreso porque la modificación, además de los recursos de los que estamos hablando, requiere una transformación de la competencia de la JEP”.

La CPI anunció que abrirá una oficina en Colombia tal y como se lo pidió la JEP, ¿qué función tendrá?, ¿qué tiene que ver con el trabajo de la Jurisdicción?

“La jurisdicción es un tribunal nacional del Estado colombiano, pero también es una institución internacional que opera el sistema mundial de lucha contra el crimen bajo el Estatuto de Roma. Es decir, nosotros, junto con la con la CPI, realizamos la función de investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes en esa calidad. Hemos estado conversando para trabajar en lo que ellos llaman complementariedad positiva, que es equipos conjuntos de ellos, en La Haya, y de nosotros, en Bogotá, abordando problemas complejos de la investigación de estos crímenes”.

¿Esto tiene que ver, entonces, con la prohibición de EE.UU. para que ingresen los tres oficiales (r) que no reconocieron sus actuaciones ante la JEP?

“Exactamente, eso es lo que permite entender por qué Estados Unidos toma medidas contra personas que hayan incurrido en ese tipo de crímenes. Eso es la justicia mundial operando en conjunto”.

Quiero entender algo ahí, Presidente, ¿por qué sancionaron a ellos tres y no a cualquier otro?

“Se trataba de una medida autónoma del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nosotros solo fuimos notificados sin más información al respecto”.

Las relaciones con el expresidente Iván Duque fueron difíciles, ¿cómo ha sido el diálogo con el nuevo Gobierno?

“Mire, usted bien lo dijo hace un rato: el tribunal es un órgano judicial que reclama su independencia y su autonomía dentro de la separación de poderes. Yo en eso quisiera también ser muy claro, nosotros de parte del Gobierno del presidente Duque tuvimos un respeto y un apoyo inclusive mediando las diferencias que ellos tenían respecto de los acuerdos y del sistema. Ellos fueron muy respetuosos en términos institucionales. Lo propio se puede decir del presidente Petro actualmente. Creemos que la relación de la jurisdicción con el Gobierno Nacional es una relación sana, muy institucional y respetuosa de la autonomía de cada una de las ramas”.

Ya para cerrar, presidente, ¿hay algo que lo preocupe de la jurisdicción en este momento?

“Sí, la verdad sí. Tenemos unas preocupaciones muy serias con la seguridad de nuestros magistrados, de las víctimas y de los comparecientes. Aprovecho para hacerle un llamado a la sociedad colombiana. La JEP necesita ser rodeada para mantenerse estable y segura”.