Encontrar habitantes de calle en cualquier ciudad de Colombia es una constante y, por ahora, no hay una política clara que busque garantizarles sus derechos. Por esta situación, el Ministerio de Salud publicó el proyecto de decreto que busca implementar una política dirigida a su atención, para que se aplique entre 2020 y 2030.
Aunque no hay cifras claras de cuántos hay en el país, la más reciente es de marzo de 2018, que analizó la situación durante 2017, y que fue elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). Sin embargo, solo se enfocó en Bogotá.
Según este censo, en la capital hay 9.583 personas en esta condición: 1.601 son mujeres y 8.477 hombres. Entre las razones que expusieron para llegar a las calles, en el 90,4 % de los casos había relación con algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas. Según el Dane, en el 68 % de los casos las personas llevan viviendo más de seis años en las calles.
En Medellín, de acuerdo con la Secretaría de Inclusión Social, la población varía entre 3.500 y 3.800 habitantes, según reportes de 2018.
La secretaria de Inclusión, Paulina Suárez, ha planteado que “lo preocupante son las plazas de vicio, un tema que se trabaja en conjunto con las autoridades haciendo control en lugares donde hay expendio y en los que se instrumentalizan a estas personas para crecer la renta criminal”.
Las tareas
EL COLOMBIANO conoció el documento en el que, básicamente, se plantea la necesidad de garantizar derechos básicos como atención en salud, procesos de reinserción a la sociedad y regresarlos a la vida económica, teniendo en cuenta que el Estado debe “encausar las acciones pertinentes para la protección y el restablecimiento de los derechos de las personas habitantes de calle, así como para su inclusión social, mediante el establecimiento de lineamientos para una atención integral”, se lee en el documento.
Sobre este proyecto, Susana Fergusson, educadora y consultora independiente en énfasis en reducción de daños con jóvenes consumidores de drogas, señala que la política “está muy bien presentada en el papel”, pero que el asunto complejo está cuando se lleve a la realidad, pues las políticas, desde su perspectiva, “siguen siendo precarias y desconectadas de la realidad”.
¿Qué plantea?
A juicio de Jaime Arias, exministro de Salud, se podría satisfacer una necesidad de atención a una población desfavorecida.
“Los habitantes de la calle son tan colombianos como el resto de nacionales. Pero son colombianos en condición de vulnerabilidad y alto riesgo de enfermar. En consecuencia es necesario definir políticas de protección para esa población que además es numerosa”, asegura Arias, al destacar la tarea que tiene el país en este materia.
Este diario consultó al Ministerio de Salud para obtener un concepto sobre este proyecto, pero desde la oficina de comunicaciones respondieron que, como este documento recibirá comentarios hasta el 14 de noviembre próximo, por ahora no se pronunciarán.
Fergusson recuerda que frente al consumo de drogas, que según el censo del Dane es una realidad en el 90,4 % de los casos, plantea que la política de salud pública en materia de drogas también debe ser tenida en cuenta, pues si no se contemplan perspectivas de reducción del daño y usos seguros de estas sustancia y de regulación, “más que persecución y castigo, no vamos a lograr procesos de inclusión social sostenible”.
¿Y cómo sería?
El documento establece la creación de la “Comisión Intersectorial para el desarrollo de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle”, que estará integrada por ocho ministerios, el Departamento Nacional de Planeación, Dane, Prosperidad Social, Sena y Coldeportes, que se encargará de las tareas de orientar la implementación de esta política pública, diseñar un plan nacional de atención integral para esta población, brindar asistencia técnica y, entre otras, “formular recomendaciones para la priorización de acciones, estrategias y para la adecuada implementación del plan”, tanto en el nivel nacional como en las regiones.
Sobre esto, agrega el exministro Arias, los programas que de esta política pública se deriven deben apuntar a dos líneas: “Programas de salud pública dirigidos a esa población en alto riesgo y vinculación al sistema de salud en el régimen subsidiado para garantizar servicios de calidad”.
Finalmente, Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi –entidad que vela por los derechos de esta población–, señala que debe haber un enfoque en atención a la población infantil, pues estas personas deben ser atendidas “prioritariamente, sobre todo cuando tienes niños”.
De acuerdo con Norato, el Estado debe enfocar sus recursos y la atención para que, como lo denomina la Constitución, “el núcleo de la sociedad (la familia) sea realmente apoyado y respaldado para que las familias puedan salir de esa condición”
