Hay imágenes que, a pesar de que se repiten cada semana, siguen indignando a la ciudadanía: personas en el suelo llorando, rogando para que alguien las atienda o a sus familiares; adultos de la tercera edad acampando para reclamar sus medicamentos; colectivos de pacientes protestando fuera de las EPS... y la situación solo ha ido empeorando.
Así lo asegura el informe sobre cómo va la salud en Colombia que presentó la Defensoría del Pueblo en el marco del día mundial de la salud (7 de abril). Allí, la entidad resaltó que De los 1,2 millones de tutelas que se interpusieron el año pasado en Colombia, 378.895 reclamaban fallas en la atención en salud.
“La salud no es un privilegio, es un derecho humano esencial. Es la base de una vida digna y refleja cuánto nos cuidamos como sociedad”, dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Según la Defensoría, las personas más afectadas son las mujeres, las comunidades rurales, adultos mayores y quienes viven en hogares con madres cabeza de familia.
Y es que, según el informe (que saldrá completo en los próximos días), el gasto económico en salud para 2024 representó (en promedio) el 17% de los ingresos de los hogares. En 2019 era el 15%. Además, para 2024, el 40% de la población colombiana no pudo acceder a servicios en salud de manera adecuada.
“Las poblaciones de territorios pobres y dispersos enfrentan una doble exclusión: barreras de acceso a la salud y a la justicia para que sea garantizado su derecho”, dijo la Defensoría, añadiendo que muchas personas tienen acceso a servicios en salud pero de manera parcial.
En ese sentido, la entidad fue enfática en que de las 380.000 acciones de tutela interpuestas el año pasado por vulneraciones al derecho fundamental a la salud, los jueces fallaron a favor en 297.150 casos, es decir, alrededor de ocho de cada diez.
En 45.306 procesos se determinó que el problema ya había sido resuelto, mientras que 23.864 solicitudes fueron rechazadas y 12.575 más se consideraron improcedentes.
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Las historias son miles y preocupantes, las cifras son escandalosas. Por ejemplo, según la Superintendencia de Salud, las quejas de Nueva EPS (intervenida por el Gobierno) pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.
Lo peor es que, según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien.
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Es el caso de Andrés Ariza. En conversación con EL COLOMBIANO, el ciudadano de 58 años contó su historia. Hace 30 años, cuando Nueva EPS aún no existía, Ariza fue diagnosticado con VIH. “En ese momento solo existía el seguro social”, contó, y agregó que desde que lo pasaron a Nueva EPS “no tenía quejas, pero todo cambió hace un año”.
Ariza necesita antirretrovirales, necesita escitalopram y lozartan. Los antirretrovirales no se los entregan desde hace un mes; el escitalopram se lo compra él mismo desde hace un año —gastando $60.000 por caja al mes—; y el lozartan, para la presión, sigue sin estar en sus manos.
Lo peor, menciona, es que aún no le responden por sus citas. En conversación con este diario explicó que tiene pendiente una cita con el urólogo. Según lo que le dijeron desde la EPS, el convenio con la IPS que lo atendía (la Unidad de. Atención Primaria Integral- UAPI de la clínica Méderi) expiró, y no saben con quién o qué entidad renovarán. Nadie sabe nada, según le dicen.
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Otra cita importante es la de psiquiatría, que decidió pagarse él mismo: le costó $200.000. “Yo ya me rendí”, dijo, y agregó: “Me rendí de esperar a diario en la clínica, me cansé de esperar los medicamentos de psiquiatría. Eso es lo que uno siente, que ellos esperan que la gente se canse y renuncie a la idea de que le entreguen las cosas. Ellos quieren que uno los asuma particularmente”.
La queja de Andrés en la Superintendencia es una de las miles que no ha sido revisada. En medio de ese panorama, la Defensoría advirtió que el problema es estructural.
Las limitaciones también se reflejan en otros recursos del sistema. Colombia cuenta con 18 farmacéuticos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los 86 que reporta la Ocde. En infraestructura hospitalaria ocurre algo similar: hay 1,9 camas por cada mil personas, mientras que en esos países el promedio es de 4,2.
En paralelo, las finanzas del sistema muestran señales de deterioro. De acuerdo con un informe basado en datos de la Superintendencia de Salud, las EPS cerraron 2025 con un patrimonio negativo de 16,86 billones de pesos, una cifra que evidencia problemas estructurales de solvencia.
El desbalance es tal que, incluso liquidando todos sus activos, estas entidades no lograrían cubrir sus deudas.
Ante el panorama, la Defensoría aseguró que encontró tres conclusiones luego de 600 encuestas sobre acceso a servicios y derechos en salud en Colombia:
Las juventudes confían más en sus amigos, amigas y su familia que en las instituciones; las personas privadas de la libertad se sienten solas y solo confían en Dios para que sus problemas de salud se solucionen y a nivel nacional aparecen como referentes de confianza las y los trabajadores de la salud, la Defensoría y los jueces.
”Por eso, nos sumamos con el lema “Escuchar para cuidar”, recordando que la salud comienza en la capacidad de la sociedad y sus instituciones de escuchar a las personas, comprender sus realidades y responder a sus necesidades antes que tengan que acudir a los hospitales”, dijo la Defensoría.
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