Dentro de una semana, el país vivirá una nueva jornada electoral para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Según la Defensoría del Pueblo, de cara a la realización de estos comicios hay 113 municipios en riesgo extremo y otros 286 en riesgo alto.
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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, habló con EL COLOMBIANO y le llamó la atención al gobierno de Gustavo Petro por su débil respuesta ante la alerta temprana 030 sobre riesgos en el contexto electoral. Además, detalló que en los últimos dos meses el escenario de amenaza no solo persistió, sino que se agravó.
¿Qué concluyó la Defensoría en su informe de seguimiento a la alerta temprana sobre riesgos en el contexto electoral?
“El pasado 23 de agosto desde la Defensoría del Pueblo emitimos la alerta temprana 030 construida con más de 124 analistas sobre el trabajo en los territorios. En ella reportamos que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023 se registraron en el país 173 casos de conductas vulneratorias; 55 días después de emitir esta alerta temprana presentamos el informe de seguimiento con el cual reportamos que el escenario de riesgo no solo persistió, sino que se agravó”.
¿A qué se refiere en particular con conductas vulneratorias?
“Cuando hablo de conductas vulneratorias me refiero a acciones ilegales, como amenazas de muerte, panfletos amenazantes, extorsiones y desplazamientos forzados”.
¿Contra quién en particular?
“Estas conductas vulneratorias son contra candidatos, contra las campañas y contra líderes sociales y comunitarios; es decir, población civil, en el contexto electoral”.
¿Y por qué se agravó, fue que aumentaron las vulneraciones?
“Sí. Del 1 de agosto al 31 de septiembre ocurrieron 204 acciones violentas o casos de conductas vulneratorias. Es decir que aumentaron en un 54% los casos de conductas vulneratorias con posterioridad a la emisión de la alerta”.
¿Cuántos candidatos están amenazados en este momento?
“Hay 92 candidatos amenazados. Eso nos llevó a solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares. Presentamos y documentamos 75 casos graves de amenazas contra aspirantes a alcaldías, gobernaciones, juntas de administradoras locales, concejos y asambleas”.
¿Y cuáles aspirantes han sido más violentados?
“Encontramos que los candidatos a las alcaldías representan la población más afectada por conductas vulneratorias, con un total de 170 hechos registrados”.
Cuéntenos sobre casos particulares de esas acciones en contra de aspirantes a alcaldías.
“Hubo un atentado con arma de fuego contra un candidato a la Alcaldía de Ortega, en el Tolima; un ataque con granada a la sede de un candidato a la Alcaldía de Vijes, en el Valle del Cauca; amenazas de muerte contra un aspirante a la Alcaldía de Fortul, en Arauca; también, un ataque con un artefacto explosivo a la vivienda de los padres de un candidato a la Alcaldía de Tuluá, Valle, y amenazas de muerte contra siete candidatos a alcaldías en el Cauca, solo por mencionar algunos casos. Y estos no son hechos aislados, son situaciones que no se puede subestimar ni minimizar. Son graves situaciones de seguridad y de orden público”.
¿Cuáles vulneraciones han sufrido los partidos políticos?
“Se registró una prohibición de parte de grupos armados ilegales a un partido opositor como el Centro Democrático para inscribir sus candidatos en varios municipios del Catatumbo, en Norte de Santander. Los ilegales también le prohibieron al Pacto Histórico adelantar proselitismo político en el Golfo de Urabá. Lo mismo le ocurrió al partido ASI en varios municipios del Tolima. Y no solo pasa en las regiones, también en la capital, ya que conocimos sobre 18 amenazas contra candidatos y equipos de campaña en Bogotá”.
¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno frente a estas alertas?
“La respuesta estatal ha sido reducida e insuficiente porque el Ministerio del Interior es el llamado, no solamente a coordinar las comisiones intersectoriales de respuesta a las alertas tempranas, sino también a liderar los planes de acción y las medidas que van a adoptar cada una de las entidades. Es decir, el Ministerio del Interior debe actuar como un eje articulador, pero a la fecha no se conocen esas medidas ni se conocen los planes de acción”.
¿Y cuáles han sido los departamentos con más violencia?
“El 65% de las conductas vulneratorias ocurridas se concentran en 10 departamentos. En Norte de Santander, principalmente en el Catatumbo; Cesar, Tolima, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Magdalena, Cauca y el Chocó”.
Particularmente en Antioquia, ¿cómo está esa radiografía de riesgos para las elecciones?
“Advertimos sobre riesgos en 69 municipios de Antioquia en la alerta temprana 030 del 2023, lo cual representó un aumento del 92% en el número de poblaciones advertidas frente a la alerta que se emitió hace cuatro años en el marco de las elecciones territoriales”.
¿Y cuáles son los municipios antioqueños con más riesgos?
“Antioquia tiene siete municipios en riesgo extremo ubicados en el Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio: Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Murindó y Yondó. Además hay 33 municipios donde registramos riesgo alto”.
¿Qué pasó con las medidas cautelares solicitadas a la CIDH?
“Esa solicitud la hicimos sobre 75 casos debidamente documentados, pero no recibimos respuesta todavía. No tendría sentido que la CIDH decretara medidas cautelares sobre candidatos o servidores públicos después del 29 de octubre. Por eso aspiramos y le hemos insistido a esa institución que tiene la oportunidad para demostrar su eficacia en la respuesta a la protección de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de candidatos y servidores en el territorio”.
¿Cómo evalúa la reacción de la Unidad de Protección a las alertas de la Defensoría?
“La Unidad Nacional de Protección ha cumplido parcialmente porque les está dando celeridad a los estudios y a la evaluación de los riesgos, pero hasta ahí. El tema de las entregas de las medidas de protección individuales y colectivas se toma un tiempo, pero las amenazas e intimidaciones son asuntos que no dan espera”.
¿Cuáles son los grupos que cometen mayores vulneraciones de cara a las elecciones?
“Las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y el ELN, a los que se suma el crimen organizado”.
¿Le preocupa que estas amenazas se mantengan en los territorios tras las elecciones?
“Claro. Los grupos ilegales se están expandiendo y fortaleciendo. Será muy complejo para las fuerzas legítimas del Estado recuperar esos espacios de los que se apoderó la criminalidad”.
