Por presuntamente permitir y consentir una indebida apropiación de recursos públicos por parte de una exintegrante de su UTL, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura a la representante a la Cámara Mary Anne Perdomo.
La demanda fue radicada por Édgar Millares, quien advertía que la congresista de la bancada santandereana, incurrió en causales indebidas en la destinación de dineros públicos.
Le puede interesar: “Da la impresión que buscan que no contratemos”: defensa del MinSalud a su esposa
Aseguraba la demanda que la representante habría autorizado que María Isabel Rueda continuará recibiendo salarios, a pesar de que estuvo vinculada hasta enero del 2023 y nombró como reemplazo a Laura Rueda.
“En apoyo de su pretensión, adujo el demandante que la congresista acusada autorizó y permitió que María Isabel Rueda Guerrero, que estuvo vinculada en la UTL entre el 21 de julio de 2022 y el 10 de enero de 2023 en el cargo de asistente grado V, continuara cumpliendo funciones, mientras que Laura Fernanda Rueda Guerrero, que se vinculó a la UTL desde el 11 de enero y hasta el 30 de septiembre de 2023, como asesor grado I, no ejecutó labor alguna, no obstante, recibió los salarios correspondientes”, señaló el fallo.
Conozca: Admiten demanda contra el Gobierno Petro por crisis de escasez de medicamentos
La corporación explicó que se encontró probado que la representante por el Pacto Histórico incurrió en la causal de indebida destinación de recursos públicos.
El demandante señaló que la congresista habría hecho esta acción para apropiarse del pago del salario de Laura Rueda no solo en beneficio de un tercero, sino de “ella misma”, acción que el Consejo de Estado dio por verídica.
“Está demostrado que, por esa vinculación dispuesta por la acusada, la asesora percibió del erario, por concepto de salarios y prestaciones, la suma de ciento dos millones ciento diecisiete mil trescientos veinticuatro pesos ($102.117.324) [núm. 10.10.]. Por tanto, está acreditado el segundo requisito o presupuesto de la causal de desinvestidura, pues, la postulación y la consecuente designación de Laura Fernanda Rueda Guerrero en el cargo de asesora I en la UTL de la acusada implicó una destinación de dineros públicos”, agrega el fallo.
