De ahora en adelante el Gobierno nacional destinará más de la mitad de los recursos decomisados a la mafia para financiar su política de drogas, luego de que el Consejo Nacional de Estupefacientes modificara la distribución del presupuesto derivado de los bienes incautados al narcotráfico.
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Actualmente, la suma es administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y son más de $215.000 millones que el Estado obtuvo en 2023 mediante la administración de los bienes que se le arrebataron a estructuras mafiosas, como vehículos, inmuebles y dinero.
Para el 2024 habrá un nuevo sector que no recibía dinero del Fondo: el de Agricultura. El ministerio liderado por Jhenifer Mojica recibirá más de $85.000 millones de los $215.000 millones asignados, convirtiéndose en la cartera con mayor partida presupuestal del Frisco, un puesto que antes era ocupado por el Ministerio de Defensa.
De hecho, el despacho liderado por Iván Velásquez tendrá una disminución del 32% respecto a lo que le fue asignado en 2023 para dedicarse a la lucha contra las drogas, pues pasó de un presupuesto de $65.000 millones aportados por el Frisco a poco más de $44.000 millones. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior también tendrán menos dinero.
Por el contrario, el Ministerio de Salud pasará a tener $24.000 millones para sus labores en la política antidrogas, lo que representa un aumento de más del 21% en su asignación desde el Frisco, mientras que el Ministerio de Justicia pasará de tener $25.000 millones a $30.000 millones, lo que significa una variación del 12%.
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Los cálculos de la entidad, encabezada por Néstor Osuna, indican que el 69% de los $215.000 millones se destinará al componente “Oxígeno” de la política de drogas. Ese es el pilar que, de acuerdo con lo socializado por Osuna y el presidente Gustavo Petro, busca invertir recursos en las comunidades rurales más afectadas por el conflicto armado.
La idea del punto de “Oxígeno” es que las comunidades que en el pasado se dedicaban a los cultivos ilícitos –como coca, amapola y marihuana– puedan hacer tránsito a la legalidad. El segundo componente de la política es el de “Asfixia”, que es el que busca atacar a las grandes estructuras del narcotráfico con el trabajo de la Fuerza Pública.
‘Asfixia’ recibirá el 31 % de los $215 mil millones. La reasignación del dinero fue aprobada incluso por la Fiscalía General de la Nación, uno de los miembros del Consejo de Estupefacientes, aun cuando su jefe, Francisco Barbosa, se ha mostrado como férreo opositor a la política de drogas del gobierno Petro. Entre tanto, la Procuraduría se abstuvo de votar.
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