Colombia

Caso Ramos: Corte advierte que judicatura se mete en su jurisdicción

Tutela interpuesta por Luis Alfredo Ramos genera discordia entre la Corte Suprema y la Judicatura. FOTO: Colprensa

02 de octubre de 2020

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Para dar cumplimiento “riguroso” a la orden de tutela dictada por la saliente Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, integrante de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, se separó del conocimiento del juicio que como ponente adelantaba contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por el delito de concierto para delinquir.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia llamó la atención de las autoridades competentes para que, “si lo consideran procedente y urgente, asuman la revisión de esa determinación adoptada el pasado 28 de septiembre por la referida Sala Disciplinaria”.

De acuerdo con un comunicado emitido por el magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente Corte, “de la sola lectura de la providencia, es evidente la falta de competencia de esa Sala para conocer acciones de tutela desde la reforma constitucional de 2015 (A.L 02/15) y, con mayor razón contra esta Corte desde 2017 (D. 1983/17), así como la total ausencia de soporte probatorio para separar del caso al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas”.

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Lo que se suma a que ya en dos oportunidades la Corte había negado las recusaciones en contra del togado, mientras la Sala Disciplinaria “sin fórmula de juicio ni motivación, explicación o razón alguna, le aparta por la supuesta filtración de un proyecto de fallo contra Ramos Botero, de la que no existe ningún elemento de prueba para responsabilizarlo”, manifestó Quiroz.

Y agrega el reclamo a que “inexplicablemente”, también la Sala dispone que en el proceso se presente “una ponencia diferente a la ya divulgada en los medios de comunicación”.

Como la dejó claro hace un mes la Corte Constitucional (SU355–20), la situación de interinidad de esa sala del Consejo Superior de la Judicatura –eliminada del ordenamiento jurídico en 2015– “mina la credibilidad de esa institución” y “deslegitima notablemente sus competencias”.