La crisis humanitaria en el Catatumbo, que se arrastra desde hace más de un año sin una respuesta estatal efectiva, volvió a quedar bajo la lupa de la Corte Constitucional. El alto tribunal ordenó al Ministerio del Interior y a las autoridades de Norte de Santander entregar, en un plazo máximo de diez días, un informe detallado y sustentado con pruebas sobre las acciones adoptadas para enfrentar la violencia en la región, al concluir que las medidas implementadas hasta ahora no han generado resultados duraderos.
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El ultimátum de la Corte: ¿Qué dice el Auto 002 de 2026?
La decisión quedó consignada en el Auto 002 de 2026, expedido por las Salas Especiales de Seguimiento, tras verificar que, pese a algunas actuaciones institucionales adelantadas desde enero de 2025, la situación en el territorio sigue siendo crítica. Para la Corte, la persistencia de los hechos violentos demuestra que la respuesta del Estado no ha logrado frenar el deterioro de las condiciones de seguridad ni proteger de manera efectiva a la población civil.
El diagnóstico del tribunal se apoya en la escalada del conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las Farc, una confrontación que ha tenido efectos devastadores. Según la información analizada, esta guerra ha provocado el mayor desplazamiento masivo registrado en la zona, con más de 52.000 personas obligadas a abandonar sus hogares, mientras otras 21.000 permanecen confinadas, atrapadas en sus comunidades sin posibilidad de movilizarse.
El papel de la Alerta Temprana 017 de 2025
En su orden, la Corte puso el foco en el Ministerio del Interior, responsable de coordinar la respuesta inmediata frente a las alertas de riesgo. En particular, exigió una explicación precisa sobre cómo se atendió la Alerta Temprana 017 de 2025, que advertía del recrudecimiento de la violencia en Tibú y de su posible expansión a otros municipios del Catatumbo.
Los magistrados reclamaron claridad sobre la existencia de un plan de acción integral, con cronogramas, responsables definidos y un balance real de ejecución. Advirtieron que no son suficientes los anuncios o las intenciones: el Gobierno deberá entregar soportes verificables sobre reuniones realizadas, decisiones adoptadas y resultados concretos en el territorio.
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El llamado de atención también alcanzó a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Ocaña, a las que la Corte pidió detallar cómo incorporaron las alertas de riesgo en sus estrategias de prevención y de qué manera se articularon con el Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia.
Otro de los puntos centrales del requerimiento es el manejo de los recursos públicos. El tribunal solicitó información precisa sobre los dineros asignados para atender la crisis, incluyendo montos, fuentes de financiación y su correspondencia con las necesidades reales de la población afectada.
Desplazamiento forzado y ataques con drones en El Tarra y Tibú
El Auto reseña, además, hechos recientes que reflejan la fragilidad de la protección estatal. Entre ellos, ataques con drones en el corregimiento de Filo Gringo, en El Tarra, y enfrentamientos armados que derivaron en el confinamiento de cerca de 6.000 personas en Tibú durante diciembre de 2025.
La violencia también ha golpeado a los firmantes del Acuerdo de Paz. La Corte documentó homicidios, desapariciones forzadas y amenazas contra esta población, por lo que ordenó a las autoridades explicar qué medidas diferenciadas se han implementado para garantizar su seguridad.
Con esta decisión, el tribunal reiteró que la prevención, actuar antes de que se produzcan nuevas violaciones masivas de derechos humanos, debe ser el eje de la respuesta institucional. La orden busca establecer si existe una acción estatal coordinada y eficaz o si, tras más de un año de crisis, las soluciones siguen quedándose en el papel mientras el Catatumbo continúa sumido en la violencia.
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