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Ajuicio de la Auditoría General de la República, la Ley de garantías electorales debe ser reformada, pues aunque su origen se dio para controlar la contratación pública en elecciones, su objetivo no se cumple, lo que implica un aumento en la contratación directa en los días previos a su entrada en rigor, como sucedió este año, con un 99,8 %.
“La propuesta de la Auditoría es que se revise la norma y se evalúe el grado de efectividad y conveniencia, para evitar desgastes innecesarios a la administración pública y cumplir adecuadamente con la planeación presupuestal”, recalca el auditor, Carlos Hernán Rodríguez.
Manifiesta que esta ley conlleva “riesgos” a los mandatarios, pues se pueden generar errores en la planeación contractual de las entitades territorial, lo que, directamente, “afecta la gestión pública”.
Además, indica que entre el 27 y el 31 de enero, “cuatro días después de la entrada en vigencia, las entidades territorial suscribieron más de 43 mil contratos, por cerca de 1 billon de pesos, cifra que se puede equiparar con lo que se contrata en un mes”.
Ante esta alerta, es importante recordar que Colombia Compra Eficiente analizó el comportamiento de los contratos en la ley de garantías de 2014 y, de acuerdo con los datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), entre junio y julio de ese año hubo un incremento del 58 % frente a los primeros meses del año.
“Esta norma rompe con el periodo normal de contratación, crea celeridad, incrementa el riesgo de cometer errores y degenera la contratación. Es un total desorden lo que uno puede ver”, asegura el auditor.
“Proponemos que se revise la norma y se eviten los desgastes de la administración pública y se pueda coumplir con la planeación adecuada”.
Además, dice Rodríguez, las entidades de control, como la Contraloría y la Procuraduría deben entrar a revisar, en sus auditorías, de qué manera se hicieron los contratos a los que se les está poniendo la lupa y si se hicieron para beneficiar o pagar favores políticos.
María Margarita Zuleta, experta en contratación pública y exdirectora de Colombia Compra Eficiente, sostiene que en el primer mes del año es normal que se incremente la contratación directa, teniendo en cuenta que la mayoría son de prestación de servicios y apoyo a la gestión.
Esta situación se explica, basada en que las nóminas de las entidades son en muchos casos cortas y tradicionalmente se contrata en enero y van, por lo regular, hasta diciembre de cada año.
“Eso ocurre todos los años, pero con ley de garantías es más alto”. Sin embargo, Zuleta asegura que hay otro aspecto que es clave, restringir los convenios interadministrativos, y cita este ejemplo: “Una entidad les manda plata a los municipios, y eso es grave en época electoral, porque hay campaña, y se podrían dirigir allá”.
Aquí, lo clave, es que las autoridades mantengan su lupa en la contratación estatal y, si hubo falencias o se incumplió la ley, deben ejecutarse las sanciones a que haya lugar, pero Zuleta menciona que los contratos extemporáneos pudieron reportarse tarde, pero se hicieron a tiempo; no obstante, eso también tendrán que revisarlo.