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La alerta la lanzó la Auditoría General de la República que pide acciones inmediatas de la Procuraduría y la Contraloría.
Ajuicio de la Auditoría General de la República, la Ley de garantías electorales debe ser reformada, pues aunque su origen se dio para controlar la contratación pública en elecciones, su objetivo no se cumple, lo que implica un aumento en la contratación directa en los días previos a su entrada en rigor, como sucedió este año, con un 99,8 %.
“La propuesta de la Auditoría es que se revise la norma y se evalúe el grado de efectividad y conveniencia, para evitar desgastes innecesarios a la administración pública y cumplir adecuadamente con la planeación presupuestal”, recalca el auditor, Carlos Hernán Rodríguez.
Manifiesta que esta ley conlleva “riesgos” a los mandatarios, pues se pueden generar errores en la planeación contractual de las entitades territorial, lo que, directamente, “afecta la gestión pública”.
Además, indica que entre el 27 y el 31 de enero, “cuatro días después de la entrada en vigencia, las entidades territorial suscribieron más de 43 mil contratos, por cerca de 1 billon...