La sentencia también impone una multa de 13.879 millones de pesos y la emisión de órdenes de captura inmediata.
A pocos meses de que prescribiera el caso, el Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a 11 años y 3 meses de prisión a siete exdirectivos de Chiquita Brands por el delito de concierto para delinquir agravado, en relación con el financiamiento a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La sentencia también impone una multa de 13.879 millones de pesos y la emisión de órdenes de captura inmediata.
El juez negó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena.
“La financiación de grupos armados no es un delito común, sino un ataque indirecto al Estado y la paz social (...) el aporte de esos recursos prolongó la capacidad operativa de las AUC y con ello el riesgo de más crímenes”, expresó el juez en su fallo.
El fallo también incluye una crítica a la Fiscalía : “Su actuación fue sumisa, superficial y carente de rigor (...) vulnerando no solo los derechos de las víctimas, sino también los principios de eficacia y buena fe que rigen la función pública”.
Reinaldo Elías Escobar de la Hoz
John Paul Olivo
Charles Dennis Keiser
Álvaro Acevedo González
José Luis Valverde Ramírez
Víctor Julio Buitrago Sandoval
Fuad Alberto Giacoman Hasbún
Chiquita Brands International es una multinacional estadounidense dedicada a la producción y distribución de banano, ha estado involucrada en financiación a grupos paramilitares en Colombia.<br />
Hace poco más de un año, la justicia de Estados Unidos determinó que la empresa entregó más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. Estos pagos se realizaron con el objetivo de contar con “seguridad privada” proporcionada por los paramilitares.
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Aunque Chiquita Brands argumentó que los pagos fueron para proteger a sus trabajadores de extorsiones y amenazas, el abogado de las víctimas afirmó que la empresa firmó un “pacto con el diablo” al financiar el paramilitarismo, a pesar de conocer los crímenes cometidos. El veredicto, que se conoció hace un año, declaró a la empresa culpable, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad corporativa en abusos contra los derechos humanos.
“Ha sido derrotada la empresa en el proceso civil adelantado en EEUU. Un triunfo de las víctimas y de su persistencia por la verdad y la memoria”, dijo Andrés Celis, exinvestigador de la Comisión de la Verdad.
Asimismo, la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida determinó que la empresa Chiquita le dio “asistencia sustancial” a las AUC, es decir, el grupo paramilitar recibió dinero y otras formas de apoyo.
Fueron 17 años de litigio y las investigaciones periodísticas de Ignacio Gómez realizadas desde los 90 fueron determinantes para reconstruir los hechos e impactos en las víctimas.
También, Archivos desclasificados de National Security Archives (NSA) presentaron las evidencias de los pagos a través de las Convivir. En ese caso, el periodista Michael Evans fue uno de los investigadores que revisó cientos de documentos que evidencian la connivencia con el grupo paramilitar.
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