La nueva política nacional de drogas reveló una imagen impensada en cualquier otro Gobierno: ante las cámaras y los habitantes de El Tambo (Cauca), desde donde expuso ese nuevo modelo, el presidente Gustavo Petro se mostró consumiendo productos a base de coca y apoyando los pequeños emprendimientos de campesinos que trabajan con esa planta cuya comercialización es ilegal.
Con ese acto tan sencillo, pero tan diciente, Petro envió un mensaje claro que se lee también en las 85 páginas de la nueva política: el Gobierno será abierto con los usos alternativos de la hoja de coca –como medicinales, cosméticos y comestibles– y evitará al máximo perseguir o criminalizar al pequeño cultivador y campesino.
La estrategia, en resumidas cuentas, busca darles “oxígeno” a los pequeños cultivadores y campesinos y “asfixiar” a los grandes narcotraficantes y sus redes de comercio y corrupción.
El presidente lo dijo textual: “la primera solución es separar al Estado del narcotráfico. El narcotráfico se ha comprado secciones enteras de la Fiscalía para no ser juzgado. También se ha comprado secciones enteras de la política colombiana, como yo mismo lo denuncié en el Congreso. El narcotráfico se compró mandos del Ejército y de la Policía y toda esa verdad tiene que aparecer”, dijo.
Justo por eso, esta Política Nacional de Drogas 2023 - 2033 estará estrechamente ligada a la otra bandera política de la Presidencia: la paz total que también busca dialogar con todos los grupos narcotraficantes del país.
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Entre los demás cambios claves, Petro espera no usar bajo ninguna circunstancia el glifosato para acabar con los cultivos de uso ilícito y priorizar la erradicación manual, un camino que, aunque es alabado por especialistas, dificultará la reducción de las 230.000 hectáreas de hoja de coca que hay en el país, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
