Al escándalo se le suman el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia. La Corte Suprema pidió que se investigue a otros ministros, como Guillermo Jaramillo.
Hay tres nuevos nombres relevantes en el escándalo de corrupción de la UNRGD. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y el exministro de las TIC, hoy candidato presidencial, Mauricio Lizcano. Sus nombres fueron expuestos este martes porque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía indagar si tuvieron alguna responsabilidad penal.
¿Por qué? Por la declaración que María Alejandra Benavides, la asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dio en la Corte los últimos dos días. EL COLOMBIANO conoció el detalle de la matriz de colaboración que Olmedo López le entregó al ente acusador señalando a cinco altos funcionarios del Gobierno como supuestos determinadores del escándalo de corrupción más grande de toda la administración Petro.
Sin embargo, todo el caso está en riesgo porque por segunda vez a López le negaron el principio de oportunidad que una juez valoró. Esto supone una suspensión de la persecución penal contra López, a cambio de que se convierta en testigo estrella y la justicia pueda usar su información concreta y probada para ir por otros responsables de cargos más arriba.
De acuerdo con la información a la que accedió este periódico, la Fiscalía cometió errores en la argumentación para solicitar el principio de oportunidad, que le garantizaba a Olmedo beneficios penales si delataba a otras personas, incluyendo a funcionarios que estuvieran en cargos superiores.
“Así como sus colaboraciones tuvieron un efecto dominó para capturar a varias personas, esta decisión también genera un efecto dominó para que todos los procesos se caigan”, dijo una fuente relacionada con la historia.
“El representante de la defensa técnica sí pudo hacer un ejercicio juicioso para justificar el recurso. El Estado a través de la Fiscalía tiene la responsabilidad de demostrar la prueba legalmente obtenida (...) no se trataba solo de limitarse a remitir un documento para que fuera revisado por parte de este despacho judicial sin que las falencias argumentativas se suplan con la intervención de la defensa. La llamada a dar cuenta de la colaboración pasada, presente y futura del aquí procesado no es otra que el ente acusador”, dijo la juez, asegurando que la fiscal del caso no hizo lo suficiente para argumentar con las pruebas por qué López era merecedor del principio.
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Pero esto no es lo único. En el caso no se pidió rápidamente una medida contra Carlos Ramón González porque la investigación en su contra se tardó mucho más de lo esperado a pesar de las delaciones de López y Pinilla. González es el funcionario de más alto poder del Gobierno implicado en el caso y se fue del país cuando se supo que el exdirector de la UNGRD lo había mencionado.
Hoy, a pesar de que se decidió su captura, no se conoce su paradero pero se sabe que está fuera de Colombia. La Fiscalía conoció la información sobre Manrique a tiempo, pero no se movió con suficiente eficacia para evitar que se fugara.
Abogados cercanos a la historia que hablaron con EL COLOMBIANO también expresaron que ha habido una demora inexplicable en el llamado a exministros que fueron salpicados por los protagonistas del escándalo sin que nada pase hasta ahora. Estos son Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, y ahora se suman los tres nuevos nombres de Jaramillo, Lizcano y Ramírez.
El otro caso es el de Jaime Ramírez Cobo. Este fue el enlace de Presidencia con el Congreso; es un amigo personal de Laura Sarabia y era quien coordinaba los contratos para los congresistas a cambio de sus votos, según aparece en los chats que él mismo cruzó con Sneyder Pinilla y con otros ministros.
Ramírez salió del país y no se conoce la primera acción de la Fiscalía en su contra, aunque estaba en el entorno más nuclear del Gobierno y hay pruebas en su contra. Algo similar ocurrió en el caso del exdirector de Función Pública, César Manrique, quien fue acusado de recibir un soborno de 3.000 millones de pesos como parte de su cuota de un porcentaje del 7 % que había acordado para varios contratos de la Unidad, incluyendo otra compra de carrotanques en La Guajira. Manrique se fugó y hoy es buscado por las autoridades.
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Y, finalmente, sobre Sandra Ortiz, el ente acusador ha argumentado que la exasesora para las regiones no ha entregado solvencia en sus testimonios ni evidencias contundentes. Así las cosas, la realidad de la UNGRD es compleja. Hay dos personas que están fugadas, uno más sobre el que no hay ninguna actuación oficial, y varios ministros y exministros que no han sido tocados por la Fiscalía.
Realmente, las decisiones más duras hasta ahora han sido de la Corte en contra de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, que hoy sí están en la cárcel por los chats y las dilaciones de López y Pinilla. Este periódico conoció que la defensa de López está trabajando en un comunicado tras la negación del principio de oportunidad. En la Corte Suprema también hay preocupación por los procesos que se adelantan allí.
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Ramírez Cobo, están implicados en la matriz que entregó Olmedo López. El primero fue reemplazado por Juan Fernando Cristo; el segundo, renunció a su cargo por el mismo caso de corrupción.
En febrero de 2024, se hizo público que la UNGRD adquirió 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos para atender zonas vulnerables en La Guajira, pero no cumplieron su función. Se detectaron sobrecostos y posibles desvíos de recursos públicos. Después de que se hiciera pública la noticia, Olmedo López fue removido y se suspendieron contrataciones.
A partir de ese momento, la Fiscalía inició una investigación por posibles irregularidades en contratos y presuntos sobornos a congresistas a cambio de su apoyo legislativo.
Para septiembre y octubre de 2023, según declaraciones judiciales, se entregaron sobornos en efectivo: 3.000 millones de pesos al senador Iván Name y 1.000 millones al representante Andrés Calle, supuestamente para apoyar reformas del gobierno.
A ambos expresidentes, en noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia los citó a indagatoria por presunto cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Sobre este caso, se han vinculado más funcionarios del Gobierno.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, firmó un principio de oportunidad en junio de 2025 para colaborar con la Fiscalía y revelar información clave.
El problema, es que el juez del caso negó el principio de oportunidad y podría poner todo el caso en riesgo. Sobre esto, existe la posibilidad de que todas las denuncias realizadas por Olmedo López hasta la fecha queden sin efectos judiciales.
Por otro lado, con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, la situación es diferente. Fue condenado en abril de 2025 a cinco años y ocho meses de prisión por aceptar cargos y colaborar con la justicia.
La Corte Suprema lo citó nuevamente para declarar los días 13, 14 y 15 de agosto sobre el escándalo de corrupción.
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Esa nueva citación se centrará en seis excongresistas —Julián Peinado, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Lilia Bittar y Juan Diego Muñoz— señalados de obtener beneficios mediante contratos de la Ungrd para influir en conceptos favorables de la Comisión de Crédito Público sobre solicitudes del exministro Ricardo Bonilla; estos últimos, declarados por María Alejandra Benavides ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema quien, en su momento, fungió como asesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Estas gestiones también buscaban obtener contratos regionales a cambio de votos de apoyo a las iniciativas y peticiones del Ejecutivo.
Según la Fiscalía, Velasco habría instruido al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para beneficiar al senador Julio Elías Chagüi con un contrato por 35.000 millones de pesos, aunque este no se firmó debido al escándalo.
Además, también se vincula a Martha Peralta, expresidenta de la Comisión Séptima del Senado y quien habría intervenido para adjudicar un contrato por 2.210 millones de pesos a personas cercanas, destinado a maquinaria para Riohacha (La Guajira).
La Fiscalía sostiene que el 19 de septiembre de 2023, Peralta se reunió con López y los contratistas Isaac y Jorge Riscala, propietarios de Inversiones IRL S.A.S., empresa que recibió el contrato el 25 de octubre. El convenio, aún vigente, está bajo revisión judicial.Esa información ahora es respaldada por Olmedo López.
La Fiscalía ahora prepara una nueva solicitud del principio de oportunidad con el testigo mayor; no apeló la decisión de la juez que por segunda vez negó su petición. La fiscal Luz Adriana Camargo ha dicho en varias ocasiones que el caso ha avanzado pero lo cierto es que dos años después no existe el primer funcionario del Gobierno sobre el que pese una consecuencia real por tener responsabilidades en el escándalo.
El director actual de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha mencionado otras personas, como el exalcalde Daniel Quintero quien tendría varios cuotas en la entidad en el periodo de López sin que se haya aclarado por qué. La senadora Peralta, que conocía a los contratistas beneficiados que incluso llegaron hasta las oficinas en Bogotá a tener reuniones en la UNGRD, también espera tranquila que las investigaciones avancen.
Tras dos años de descubierto el escándalo los únicos dos responsables que ya están arrepintiéndose de sus errores detrás de las barras de una cárcel son Name y Calle. La situación de los demás es compleja pero a su favor. Y la Fiscalía sigue investigando.
De hecho, los abogados José Luis y Luis Gustavo Moreno pidieron a la Fiscalía prontitud para resolver el caso y alertaron por riesgos para su seguridad y la de sus clientes, los dos testigos, por un video que se conoció el fin de semana en el que se ve un intento de soborno a Sneyder Pinilla por parte de abogados acusados en la historia. En las últimas horas también se dieron versiones de la posibilidad de un atentado contra López.
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