Aunque en Colombia todavía no hay una orden de captura en su contra, el cerco internacional contra el narcotraficante Sebastián Marset Cabrera comenzó a cerrarse por un homicidio perpetrado en estas tierras: el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini.
La detención del criminal uruguayo fue confirmada por las autoridades este viernes, tras un allanamiento a una residencia en el barrio Las Palmas, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Marset fue entregado a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que lo montó a un avión y lo trasladó a su territorio para responder por un expediente de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos.
La noticia se esparció velozmente por el continente, dado que el detenido era buscado no solo en Bolivia y EE.UU., sino también en Paraguay, Colombia y Uruguay. Y uno de los que más trinó al respecto fue el presidente Gustavo Petro.
“Sebastián Marset lavaba sus dólares de la cocaína con una iglesia evangélica y sus cruces financieros se escondían con transferencias religiosas. Marset lograba llenar conciertos de artistas de Medellín en Miami. Al artista le pagaban por un año todos los conciertos y él les dejaba la administración de la boletería. Los recintos se llenaban de gente que entraba gratis pero en las cuentas aparecían como compradores de boletas”, dijo.
En otro mensaje expresó: “En Colombia no lo capturaron, a pesar de mi orden, dije que era él, Sebastián Marset, quien pagaba por asesinar al presidente de Colombia por su lucha contra los narcos, pero sí lo hicieron los bolivianos (...). Marset puso a su servicio la fiscalía de Barbosa y escribió oscuras páginas adicionales a la larga historia de convivencia de fiscales y mafias en Colombia, historia escrita por héroes y heroínas de la fiscalía asesinados por las mafias incluso con bendición desde arriba. Quise una fiscalía independiente de la política, una fiscalía justa, pero me equivoqué y ante el pueblo de Colombia lo confieso, siguen haciendo transacciones de justicia por votos, sigue el cartel de la toga como nunca”.
¿Pero quién es este personaje, de apenas 34 años de edad, por cuya captura tanto insistió el Jefe de Estado de los colombianos?
Los días de cárcel y fútbol
Tal cual ha reportado EL COLOMBIANO en el pasado, siguiéndole la pista al delincuente, se sabe que Marset nació el 10 de abril de 1991 en Montevideo, Uruguay.
Le encantaba el fútbol, pero no logró encajar en ningún club profesional y desde joven se enroló con grupos de delincuencia común, con los que adquirió sus primeros antecedentes penales por hurto y posesión de drogas. Pasó breves periodos en prisión, hasta que lo arrestaron entre 2012 y 2018 por narcotráfico de marihuana.
Duró poco tiempo en libertad, y ese mismo año lo detuvieron por el asesinato de un supuesto socio del bajo mundo, llamado Alfredo Roldán. Pasó dos años más tras las rejas, y finalmente fue absuelto.
Esa temporada de ocho años en la cárcel, de la cual se han publicado pocos detalles, fue fundamental en su transformación de delincuente juvenil a capo del narcotráfico.
Aún se desconoce quién fue su padrino en la mafia, pero es claro que en la penitenciaría estableció conexiones con el crimen organizado transnacional.
Cuando recobró la libertad en 2021, ostentaba la fachada de un productor musical adinerado, que conducía carros deportivos y salía a rumbas con modelos. Le llovía dinero de dudosa procedencia y en medio de esa bonanza compró su sueño: jugar al fútbol.
Se convirtió en accionista del Club Deportivo Capiatá, en la liga de ascenso de Paraguay, e hizo parte de su nómina de jugadores, participando en varios partidos. Algo similar hizo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde compró el onceno Los Leones de El Torno F.C., usando la falsa identidad de Luis Amorim Santos.
Todo aquello no era más que una cortina de humo para gerenciar su verdadero equipo: el Primer Cartel Uruguayo (PCU), una estructura con tentáculos en el sur del continente, redes de exportación de cocaína boliviana y colombiana a EE.UU. y Europa, así como un gran número de empresas para camuflar las ganancias.
Marcelo Pecci se le cruzó en el camino
En febrero de 2022, la DEA, Europol y las autoridades de Paraguay comenzaron la ejecución de la Operación A Ultranza Py, en contra de la red de Marset y su socio Miguel Ángel Insfrán.
El fiscal Marcelo Pecci hizo parte de ese grupo judicial que en los primeros dos meses incautó bienes valorados en 250 millones de dólares, incluyendo nueve aeronaves, 20 carros de lujo, mil cabezas de ganado y dos yates.
El impacto más profundo fue sacar a la luz una tenebrosa red de corrupción. Los primeros salpicados fueron el ministro Joaquín Roa Burgos, de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay, a quien destituyeron por ser el propietario de uno de los yates decomisados; el diputado Juan Carlos Ozorio, quien tuvo que renunciar a su curul en el Congreso; y el empresario Alberto Koube, uno de los más importantes contratistas del Gobierno guaraní.
Y en medio de esa potente operación, ocurrió la tragedia: Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, en Cartagena, cuando disfrutaba de la luna de miel con su esposa embarazada.
La justicia colombiana ha condenado a nueve personas por el magnicidio, las cuales ejecutaron las tareas logísticas: contratación, pagos, espionaje, transporte y sicariato, pero aún no han llegado a los autores intelectuales.
El principal testigo de la Fiscalía mencionó su nombre en el expediente. Francisco Luis Correa, el exmilitar que coordinó a los asesinos, dijo en un interrogatorio que Sebastián Marset (“el Uruguayo”) y Miguel Ángel Insfrán (“Tío Rico”) estaban implicados en la planeación.
EL COLOMBIANO reveló en exclusiva, a principios del año pasado, los apuntes de su libreta personal, en la que aparecía una inquietante anotación: “Señor Marset. El uruguayo. Park Hotel. Sta Marta”, lo que presuntamente sugería una reunión con el extranjero.
De hecho, en el bajo mundo circuló la información de que el capo se movía en nuestro país con una identidad colombiana fraudulenta, con varios escondites en la Costa Caribe.
El uruguayo, su esposa y cuatro hijos escaparon de una redada en su mansión de Santa Cruz de la Sierra, el 30 de julio de 2023. Luego él publicó un video en internet, en el que aseguró que su fuga fue obra de un oficial de alto rango de la Policía boliviana.
Después de eso, sus movimientos fueron rastreados en Suramérica, África, Medio Oriente y Europa, sobreviviendo a los operativos por una extensa red de corrupción que lo abrigaba.
En esa persecución fueron capturados sus socios Miguel Insfrán (Brasil), José Insfrán (Paraguay) y Néstor Vergara Antelo (Bolivia); su hermano menor Diego Marset (Brasil) y su esposa Gianina García (España), quien además fue extraditada a Paraguay.
La justicia de EE.UU. abrió un expediente por lavado de activos y narcotráfico contra Marset y ofreció US$2 millones por su captura. Ya que fue detenido, es posible que dicha suma sea pagada a un informante.
Ahora la pregunta del millón, en términos judiciales, es qué hará la Fiscalía de Colombia. ¿Continuará la investigación en su contra o la archivará?
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