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Delante de congresistas, representantes de la Policía, la Alcaldía y la comunidad, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó: “Aquí empieza el círculo del mal”.
Se refería a las ruinas de una vivienda del barrio Santa Catalina parte alta, del municipio de Itagüí, que acababa de ser demolida porque se había convertido en una olla para el expendio y consumo de droga.
El sitio era explotado por la banda “la Unión”, que podía obtener ganancias diarias hasta de $10 millones, según la Policía.
En su declaración del pasado 24 de febrero, el jefe de cartera continuó afirmando que “de una olla de estas salen los jíbaros a inducir al consumo a nuestros jóvenes, los vuelven adictos, estos empiezan robar y comienza la crisis en sus familias. Los vecinos desconfían de la institucionalidad y dicen ‘todo el mundo sabe dónde está la olla y no pasa nada’”.
Al final del discurso, una retroexcavadora terminó de derrumbar los muros que quedaban en la propiedad, ubicada en la calle 75AAsur con carrera 53.
En los últimos cinco años se popularizaron en el Valle de Aburrá y municipios aledaños las demoliciones de casas usadas por traficantes, previa extinción de dominio, como una forma de enviar un mensaje de presión al delincuente y acompañamiento a la comunidad.
Además de este caso de Itagüí, el 31 de mayo de 2017 las autoridades de Medellín destruyeron tres edificaciones del sector Barbacoas, en el Centro de la ciudad, las cuales fueron abandonadas por sus propietarios y se habían convertido en un nido de drogadicción administrado por el combo “la Convivir de Barbacoas”.
El 1 de septiembre de 2020, la Alcaldía de Bello, el Ejército y la Policía participaron en la demolición de 18 casas en los sectores El Hueco y El Tapón. En ese momento el general Eliécer Camacho, entonces comandante de la Policía Metropolitana, informó que eran usadas por el combo “el Tapón”, que vendía la droga para clientes que la consumían ahí mismo.
El pasado 3 de diciembre ocurrió en el sector Los Naranjos, de la vereda La Playa, en Rionegro. La propiedad, usada por la banda “los Bustamante”, tampoco tenía las licencias de construcción reglamentarias.
Algunos habitantes y comerciantes de esos lugares, consultados por ese diario, afirmaron que la no existencia de estas casas transmite cierta tranquilidad, porque ya no congregan “a los viciosos”, pero que la venta y consumo de alucinógenos en los alrededores no se detuvo y las bandas continúan activas en esas comunidades.
De esta percepción surge una pregunta: ¿Cuál es la utilidad de estas demoliciones? ¿Tienen un efecto real sobre el delito o son acciones de carácter simbólico?
El sociólogo y presidente del Centro de Consultoría del Conflicto Urbano (C3), Luis Guillermo Pardo, opinó que “con las demoliciones se hace un show mediático, buscando mostrar contundencia contra el narcotráfico, pero ese negocio sigue”.
Acotó que “esta estrategia genera rentabilidad política para las autoridades, las hace parecer que están mostrando resultados, pero aquí lo que observamos es que eso afecta muy poco a las estructuras delincuenciales, y es en parte porque no hay continuidad en la política contra el crimen”.
Santiago Tobón, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de Eafit, comentó: “Esto sí puede tener utilidad porque, de todas formas, les dificulta la operación a los grupos criminales. Aunque se recuperen y vuelvan a establecer algún mecanismo de venta de droga, esto les suspende la venta un tiempo, los obliga a innovar en otras formas de vender, y esto tiene un costo para las organizaciones criminales; y todo lo que tenga costo, tiene un efecto importante”.
De acuerdo con el académico, “tampoco es la estrategia más transformadora, pero se trata de ir quitándoles espacio. Y tiene un efecto simbólico, porque se requiere que el Estado mande mensajes para que los grupos ilegales regulen su comportamiento, por lo que termina teniendo un poder disuasivo”.
El docente del programa de Ciencia Política de la U. de A., Carlos Builes, explicó que “la medida tiene utilidad si hace parte de la seguridad integral, es decir, si el tumbar la casa va acompañado de la judicialización de quienes estaban ahí. Porque si no se hace la judicialización de los jíbaros, la medida solo alcanza a ser simbólica”.
Agregó que “también tiene un efecto publicitario interesante, porque las personas ven eso y pueden entender que quien venda esa droga puede perder su casa. El problema es si ellos no son los dueños”.
Sobre esto último, hay que aclarar que la destinación ilícita de inmuebles tiene tres orígenes: cuando la banda es la dueña, a través de testaferros; cuando ocupan un bien abandonado (porque fue evacuado por fallas constructivas, por ejemplo); y cuando los criminales destierran al dueño mediante intimidación, o lo matan, usurpando la propiedad.
Para casos como el de la usurpación, Molano dijo en su discurso que, después de las demoliciones, “el dueño tiene posibilidad de volver a decir ‘este es mi predio que me arrebataron los delincuentes’”.
El politólogo Builes señaló que detrás de la dinámica de demoliciones puede haber un riesgo: que las organizaciones delincuenciales ya no usen sus propios inmuebles, para no perderlos, sino que incrementen la expropiación ilícita y el uso indebido de casas alquiladas. “Conocemos la inteligencia de esa gente, ellos van un paso adelante”, aseveró.
El pasado viernes hubo otra jornada de demolición, esta vez en Ibagué, donde fueron destruidas dos viviendas en el marco del Plan 100 contra el Microtráfico (ver recuadro). Allí el director de la Policía, general Jorge Vargas, resaltó otro impacto de la medida: “Estos son mitos de inseguridad, que no solo generan drogadicción, sino que están asociados a hurtos, lesiones, homicidios y violencia, por lo que hay que eliminarlos”.
Los expertos consultados coincidieron en que, para que sea mayor la efectividad de esas acciones, la comunidad debe apropiarse después del espacio.
En el caso de las demoliciones de Bello, en el sector El Tapón, la Alcaldía prometió obras de embellecimiento, huertas comunitarias y un gimnasio al aire libre.
Y en el de Itagüí, la Policía se comprometió a crear una red de participación cívica, para que los vecinos contribuyan a mejorar la seguridad