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En la plaza de mercado del barrio Campo Valdés nadie se quedaba sin pagarle la cuota extorsiva al combo de la zona, cuya voracidad financiera alcanzaba para intimidar a comerciantes, proveedores y vecinos.
Según la investigación del Gaula Metropolitano de la Policía, la banda conocida como “los de la Plaza de Campo Valdés” o “los de la Plaza de Aranjuez”, tenía un itinerario de cobros diarios y semanales para los 345 locales del establecimiento, con sumas que iban de los $50.000 a los $70.000; a los camiones que llegaban con los productos les tocaba pagar cuotas de $20.000 a $30.000 por cada ingreso al área de descarga; los “chiveros” que transportaban a los clientes con sus mercados, pagaban entre $10.000 y $20.000 por el derecho a trabajar en la plaza; y los coteros o bulteadores, de $2.000 a $5.000.
El mayor Gabriel Niño, comandante del Gaula Metropolitano, señaló que la extorsión se extendía a las familias del entorno, que debían pagar de $7.000 a $10.000 a la semana, con la excusa de que era “por la seguridad de la cuadra y de los vehículos que parqueaban afuera de las casas”.
Con estos ingresos, el combo lograba ganancias mensuales de $50 millones, según los cálculos policiales. La organización ilegal llevaba por lo menos 5 años en esas actividades, de acuerdo con algunos afectados; y quien se resistiera a pagarles, era amenazado u obligado a irse del barrio.
“Si un comerciante no les pagaba, los de la banda cometían hurtos en su local, o lo atracaban afuera. A un trabajador lo apuñalaron dentro de la misma plaza”, narró el oficial.
Hasta que la comunidad se cansó y empezó a denunciar. Gracias a esta valentía, el pasado 15 de marzo el Grupo Táctico Antiextorsión del Gaula ejecutó la operación Ciclón, capturando a 19 integrantes del combo, que también delinquían en los barrios Brasilia y Aranjuez, de la comuna 4.
Les imputaron cargos por concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y desplazamiento forzado.
Después del operativo, las autoridades desarrollaron actividades complementarias. “Sabíamos que si nos íbamos, retomarían las extorsiones con otros integrantes, u otro grupo delincuencial volvería a tomar esa renta. Entonces dijimos: nos vamos a quedar, garantizando que los delincuentes no vuelvan”, explicó el secretario de Seguridad de Medellín José Gerardo Acevedo.
A este plan piloto, según el funcionario, se unieron la Secretaría de Educación, brindando capacitación a los comerciantes en convenios con el Sena; la Secretaría de Desarrollo Económico, con charlas sobre cómo administrar recursos y evitar el “gota-gota”; el Inder, con jornadas de recreación; Espacio Público, organizando el entorno; EPM, renovando la iluminación pública; y Emvarias, con el manejo de basuras, entre otros.
La Policía monitoreó el área por tres meses, para constatar que las “vacunas” no se reactivaran y el 22 de junio la Alcaldía catalogó la plaza de Campo Valdés como Zona Libre de Extorsión. El anuncio lo hizo el alcalde Daniel Quintero: “Empezamos con esta estrategia, aquí todos los días extorsionaban, desde hace décadas, y los comerciantes se cansaron. Vamos a crear más zonas libres de extorsión”.
Sitios afectados
El secretario Acevedo reconoció que “gran parte de la ciudad se encuentra extorsionada por grupos delincuenciales, que alimentan así sus rentas criminales”.
Esto no es nuevo, pues los medellinenses llevan décadas padeciendo a 350 combos que cobran “vacunas” diarias o semanales en 15 de sus 16 comunas (con excepción de El Poblado) y tres de sus cinco corregimientos (excluyendo a Santa Elena y Palmitas).
No obstante, para el funcionario estas zonas libres son una luz de esperanza, que parte de una planeación articulada entre varias instituciones. “Tenemos seis lugares de la ciudad, entre ellos esa plaza de mercado, en los que se aplicará esta estrategia”, dijo.
Tanto el mayor Niño como Acevedo se reservaron la información sobre los otros cinco sitios a intervenir. “Ustedes entenderán que estamos en plenas investigaciones contra los actores armados de esas zonas, entonces no podría decirlo, sería advertirles a los delincuentes dónde estamos trabajando”, aseveró el secretario, y añadió: “Ojalá esto se pudiera hacer en toda la ciudad, pero esto es paso a paso, con paciencia, muchas veces la ligereza no deja que terminemos con éxito algunas operaciones”.
Lo que sí informaron las autoridades es que planean ampliar la zona libre alrededor de la plaza, hasta copar todo el barrio Campo Valdés.
Ese beneficio sería muy bien recibido en otros vecindarios plagados de “vacunas”. Este diario consultó a investigadores de la Fiscalía y la Personería, así como a algunos comerciantes y residentes, quienes identificaron otros puntos críticos.
En los barrios Santa Cruz, Andalucía y La Francia, “los Triana” hacen cobros a los camiones surtidores de las tiendas, y en algunos casos les prohiben el paso, pues ellos mismos tienen su propia red de distribución de productos de la canasta familiar.
En los barrios Aures I y II, “el Acopio” extorsiona todas las actividades de comercio y la ruta de buses 250 de Robledo; en Buenavista, “los Chivos” y “los Pájaros” hacen lo mismo con las rutas de Belén y Altavista. En el barrio Córdoba, “la Oficina de Córdoba” les cobra a los parqueaderos y la estación de gasolina.
En el Centro, los grupos “convivir” extorsionan locales de los parques San Antonio, Bolívar y Berrío; y de Bomboná, Barrio Triste, la Bayadera, Carabobo y la plazuela Rojas Pinilla, entre otros sectores.
En el barrio Guayabal, la banda “la Raya” vacuna establecimientos públicos y residencias; en los alrededores de la iglesia de El Rincón, “los Joaquinillos” son los cobradores; y en los barrios Popular N°1 y N°2, lo hace el combo “la 38”.
En el barrio El Limonar, del corregimiento San Antonio de Prado, los extorsionistas son “Limonar 1” y “las Bifas”; en el parque de San Cristóbal, “los Paracos del Llano”; en el bulevar de la 68, del barrio Castilla, son “los Mondongueros”; y en el barrio Doce de Octubre, el combo de “París”.
La lista de áreas dominadas por la extorsión es tan extensa, que algunos ciudadanos que se salvan de la “vacuna” en un sitio, son “cazados” en otro. Un trabajador de la plaza de Campo Valdés, cuya identidad reservamos, dijo que “aquí en mi trabajo ya no nos cobran, pero en mi casa de Manrique le tengo que pagar a otro grupo $5.000 semanales”.
Mantener la estrategia
Una de las inquietudes que deja esta estrategia es por cuánto tiempo será sostenible. El combo de “la Plaza de Campo Valdés” es apenas uno de las 65 que componen la confederación criminal de “la Terraza”, por lo que es probable que esa facción envíe a otro de sus grupos asociados para retomar los cobros.
Para el mayor Niño, la base de la sostenibilidad es la triple alianza entre comunidad, Policía y Alcaldía, “que nos ha permitido aplicar este plan. Lo que se requiere es que los ciudadanos avisen cuando esto ocurra, que nos digan ‘ya llegaron’ (los extorsionistas), para nosotros poder intervenir de una”.
Recordó que en la Línea 165 del Gaula se pueden hacer denuncias anónimas, que sirven para activar las investigaciones en tiempo real. “Es entendible que a las personas les dé temor, por las represalias de las bandas, pero su apoyo es clave para acelerar las investigaciones y hemos tenido muy buenos resultados”.
Señaló que “sin denuncias, igual combatimos a estos grupos, pero es el camino más largo, porque se requiere un trabajo extenso de inteligencia para identificar a delincuentes que las víctimas ya conocen de antemano”.
Andrés Preciado, exsubsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad (2016-17), estimó que “para poder ampliarse a otros sitios hay que controlar la sostenibilidad de la intervención. No se puede pensar que las autoridades tienen la capacidad suficiente para atender en este momento 100 o 200 lugares libres de extorsión, así que lo más importante es saber hasta qué punto hay capacidad de escalar, según las intervenciones que requiere cada zona libre, y luego priorizar”.
Para él, esta priorización es clave, porque si no se controla la ampliación de la estrategia, se corre el riesgo de fallar en la contención del delito. “Lo que no puede pasar es que en tres meses la gente de la plaza diga que volvieron las extorsiones, porque eso sería un costo muy alto que desprestigiaría a las autoridades”.
Otra pregunta sobre la mesa es si Medellín estará libre de extorsión en el mediano o largo plazo. En palabras de Preciado, “lo clave es tener un mejor conocimiento del fenómeno, desligado de la variable de las denuncias (que no siempre se dan). Hay que encontrar otra manera de trabajo articulado con la investigación judicial y policial”.
En esto coincide Santiago Tobón, director del Centro de Investigaciones Económicas de Eafit. “El sostenimiento (de las zonas libres de extorsión) tiene que ver con entender cuáles son los incentivos que tienen estos grupos para cobrar extorsiones”.
Frente a esto, relató que algunos combos lo hacen como una simple renta criminal, en la que la víctima es explotada; pero que también hay circunstancias en las que el ciudadano esperar recibir en contraprestación un servicio de vigilancia ilegal del grupo. “Hay que entenderlo mejor, para atacar directamente ese incentivo”, aseveró Tobón.
Este conocimiento debe complementarse, según Preciado, con una política pública para que la extorsión sea priorizada “como uno de los delitos más relevantes de la ciudad, tanto como el homicidio o el hurto a personas” .