Mineros de Antioquia anuncian paro en rechazo a proyecto de ley

Organizaciones dicen que la iniciativa pondría en el mismo nivel a la minería informal con la controlada por ilegales. Gobierno da sus razones.

En Antioquia, las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste concentran la mayor parte de la minería informal, principalmente de oro. FOTO

Julio César Herrera

La radicación de un proyecto de ley que se propone eliminar la explotación ilícita de minerales tiene enfrentados a varias organizaciones mineras con el Gobierno Nacional. Agremiaciones de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Caldas y la región del Pacífico, unidas desde el pasado 21 de abril a través de una Mesa Nacional de Minería, amenazaron con iniciar un paro nacional el próximo 13 de mayo en caso de que esa iniciativa no se retire del Senado.

Mientras el Gobierno insiste en que el proyecto no buscaría criminalizar a los mineros informales, quienes se oponen sostienen que de ser aprobado pondría en riesgo su subsistencia.

Las razones del gobierno

Compuesto por 26 artículos, el Proyecto de Ley 059 de 2020 fue radicado de forma conjunta por las carteras de Justicia, Defensa, Medio Ambiente y Minas y Energía con el objetivo de modificar y agregar varios artículos al Código Penal.

Estos cambios endurecerían las sanciones para aquellas personas involucradas en actividades de minería ilegal, estimando penas de entre 5 y 12 años de prisión y multas hasta por 50.000 salarios mínimos por explorar, explotar o extraer minerales sin permiso.

Según se lee en la justificación del documento, la iniciativa pretende mitigar los impactos de la minería ilegal, presente en 295 municipios y 24 departamentos, especialmente Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar.

Detener la degradación y deforestación en la zona nororiental de Antioquia y el sur del país, y atacar una de las principales rentas de los grupos armados ilegales son algunas de las metas que se propone el gobierno con la idea.

Sandra Sandoval, viceministra de Minas, argumentó que con el proyecto se busca incentivar una extracción amparada por la ley y facilitar los procesos de formalización. La meta antes de 2022, agregó, sería la de incluir a 27.000 mineros en actividades legales.

Argumentos en contra

Jaime Alonso Gallego Gómez, presidente de la Mesa Minero-agro-ambiental del Nordeste antioqueño, planteó que la razón principal por la que ese sector rechaza la propuesta consiste en que pondría en el mismo nivel a la minería ancestral y tradicional con la minería controlada por los grupos ilegales.

“Esta es la cuarta vez que el Gobierno Nacional intenta reformar el Código Penal en contra de los mineros tradicionales”, dijo Gallego, agregando que el proyecto “pretende criminalizar a toda la cadena productiva”.

Según estimó la Mesa Minera Nacional de Minería, en el país serían cerca de tres millones los mineros afectados de aprobarse esa ley. En Antioquia serían los municipios de la subregión del Nordeste y el Bajo Cauca los que tendrían mayores impactos.

De acuerdo con Gallego, la demanda central de las organizaciones consiste en ser incluidas en la discusión de esa ley y en la apertura de un diálogo que permita crear fórmulas para que los títulos mineros no estén concentrados en pocas manos y las condiciones laborales de los trabajadores que se formalicen sean menos precarias.

Según detalló esa organización, a partir de esta semana iniciaron varias manifestaciones para reclamar sus derechos, una de ellas en Anorí y otra en Segovia. En caso de mantenerse el conflicto, agregó Gallego, se avanza en la organización de un paro nacional convocado para el próximo 13 de mayo.

“Le estamos diciendo al Gobierno que nos escuche y haga una política pública para mejorar nuestras condiciones”, agregó Gallego Gómez