La decisión se oficializó por medio de la Resolución 2024320000005831-6 de este 15 de junio de 2024 y extiende la intervención forzosa administrativa que el gobierno decretó hace justamente un año a esta EPS mixta que atiende a 1,6 millones de afiliados.
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De acuerdo con la información de la EPS en intervención para esta prórroga, se ratificó también a Edwin Carlos Rodríguez Villamizar como el agente especial interventor para seguir ejecutando las labores correspondientes a la medida.
“En virtud de lo contenido en la Resolución de prórroga, será ajustado el plan de trabajo que dará cumplimiento a las órdenes de la medida de intervención con la continuidad de las acciones encaminadas a la recuperación técnica y financiera de la EPS con el propósito de garantizar la atención integral a nuestros usuarios”, indicaron desde la actual gerencia de la EPS.
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Paradójicamente, también manifestaron a los afiliados que garantizarán el derecho a la salud con oportunidad, continuidad, pertinencia y seguridad de los servicios que se deben garantizar a través del aseguramiento.
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Lo cierto es que esta última consideración ha sido cuestionada por personas que han visto desmejorar mucho más la atención en Savia desde que fue intervenida por el gobierno nacional. En los últimos meses se han visto largas filas y caos en las afueras de algunas sedes, en especial las dispensadoras de medicamentos, debido a que no les entregan a tiempo los tratamientos que requieren a pacientes con enfermedades diversas, algunas de alto costo y tan graves que se aumenta el riesgo que viven.
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Pero el panorama también está respaldado por cifras e indicadores. Savia Salud sigue con un profundo boquete en sus cuentas: mientras que al cierre de 2023 los pasivos de la entidad ya se acercaban al $1 billón una posible capitalización, que desde hace varios años es la solución de corto plazo más tangible para alejar a la entidad del fantasma de la liquidación, continúa en vilo.
Según los estados financieros de Savia Salud entregados a la Contaduría General de la Nación, los pasivos se han incrementado. Mientras que en 2020 ese indicador estaba $656.724 millones, en diciembre de 2023 llegó a los $969.763 millones.
Este último indicador, también con corte a diciembre de 2023, seguía siendo más grande que el patrimonio mismo de la EPS, calculado entonces en $789.734 millones (es decir, $183.028 millones por encima).
De igual forma, la entidad también registró un incremento en sus gastos de operación y administración, que pasaron de $80.976 millones en 2021, a $85.005 millones en 2022 y $95.731 millones en 2023.
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Desde la gerencia de la EPS han mantenido la postura de que durante los últimos meses han desplegado un plan para que la entidad honre sus compromisos con la red hospitalaria y se garantice la operación, pero voces críticas en la Asamblea de Antioquia y pacientes siguen cuestionado el manejo administrativo de la organización.
Por lo pronto, los afiliados y familiares de pacientes siguen esperando que la atención mejore y se garantice de verdad su derecho a la salud.