Tras el desconcierto inicial por el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre, la primera reacción del presidente de la República, Juan Manuel Santos, fue la propia de quien se define como demócrata liberal: aceptar el resultado de la votación, acatar el sentido del pronunciamiento popular y declararse dispuesto a continuar gestionando los desacuerdos políticos mediante los cauces institucionales, ciñéndose a la Constitución.
Unido a ello, ofreció un diálogo abierto con todos los sectores, en primer lugar con los que abanderaron el voto negativo al Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno y las Farc. Ese diálogo ya está efectuándose, incluso con la dispersión de comités y delegados derivados en buena parte del afán de protagonismo de quienes día a día se suben al vagón de unas renegociaciones que están pendientes de definirse.
Hay un punto de inicio que gira en torno a cierto consenso de todos los actores políticos, sociales y empresariales en que el país quiere avanzar hacia la paz. Y que para llegar a esa paz, hay que ir más allá de los acuerdos de La Habana. Estos acuerdos existen, están firmados, pero una mayoría electoral los rechazó en las urnas. Desde el punto de vista de la legitimidad popular están reprobados. Y jurídicamente, en lo inmediato, no tienen forma de ejecutarse.
El problema es de marca mayor. Desde La Habana, los plenipotenciarios del Gobierno y de las Farc hablan de su disposición a considerar las “propuestas de ajustes y precisiones” al acuerdo firmado. Y ayer el presidente Santos pareció abrir la vía de unos nuevos acuerdos, pidiendo eso sí a sus interlocutores políticos, con toda razón, no empecinarse en propuestas imposibles, no dilatar las conversaciones y obrar con realismo y verdad.
Paralelamente a esto, se escuchan voces que piden directamente repetir el plebiscito, esgrimiendo variopintos argumentos; y otras que sibilinamente sugieren desconocer el resultado del 2 de octubre, pues según ellos la paz prima sobre cualquier consideración, y las votaciones estuvieron mediadas por engaños y manipulaciones.
Repetir el plebiscito se podría hacer de conformidad con lo dicho por la Corte Constitucional (sentencia C-379 de 2016): como el pronunciamiento popular fue negativo, se puede convocar otro plebiscito para decidir sobre un nuevo acuerdo. No tiene ningún sentido convocar otro para preguntar por el mismo acuerdo rechazado.
Tampoco tendría sentido, ni sustento constitucional, lo que ayer mencionaron medios de prensa: que la Corte Constitucional ordenaría repetir las votaciones en la Costa Atlántica, pues allí hubo quienes no votaron por el paso del huracán Matthiew. Una decisión así sería político-electoral, no jurídico-constitucional.
No hay definiciones, por ahora, de cuáles puntos se revisarán del Acuerdo Final, sea por vía de renegociación o de reforma ofrecida por las Farc y aceptada por el Gobierno. Y tampoco de si hay disposición de los actores políticos para encarar un proceso ágil, teniendo entendido que la implementación posterior ya no puede hacerse por mecanismos expeditos, sino por los ordinarios de ley.
Lo que queda claro es que toda la destreza y grandeza política que todo el país reclama tendrá que demostrarse en estos momentos en los que la incertidumbre suma puntos día a día.
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