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La confirmación de que en dos cortes federales de Estados Unidos avanzan pesquisas preliminares en contra del presidente Gustavo Petro, por presuntos nexos con el narcotráfico, es la expresión tácita del sentimiento que ha dominado las relaciones diplomáticas de ambas naciones en los últimos dos años: la desconfianza.
La noticia le dio la vuelta al mundo tras una publicación del diario norteamericano The New York Times, en la que aseguró, con fundamento en tres fuentes anónimas, que dos despachos judiciales de Manhattan y Brooklyn tienen investigaciones abiertas que involucrarían al jefe de Estado colombiano.
“Las indagaciones han estado explorando, entre otras cosas, posibles reuniones del señor Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de estos”, se lee en el reportaje publicado ayer.
En las averiguaciones participan investigadores de la DEA (agencia antidrogas) y de HSI (agencia de investigaciones de seguridad nacional).
El estado de las indagaciones es apenas preliminar, por lo que no hay un expediente formal ni mucho menos acusaciones oficiales.
La agencia noticiosa Reuters confirmó la situación con sus propias fuentes dentro del Gobierno, aunque afirmando que las averiguaciones no se centran directamente en Petro.
De otro lado, la agencia AP detalló que la DEA habría designado al político como un objetivo prioritario, bajo el supuesto de que habría sido mencionado por varios informantes confidenciales en averiguaciones contra el narcotráfico transnacional.
Su política de “paz total”, presuntamente, habría sido el vehículo de las relaciones con algunos capos, incluyendo uno relacionado con el cartel de Sinaloa. Al respecto no se ha pronunciado la DEA de forma oficial.
Las publicaciones desataron múltiples reacciones de todo tipo. Entre los opositores, uno de los más severos fue el congresista republicano Carlos A. Gimenez, quien en el pasado también ha lanzado improperios contra el presidente.
“Desde el Congreso de Estados Unidos esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro. Le ha hecho un daño irremediable a Colombia. Ojalá los colombianos se hayan dado cuenta de que la izquierda solo trae miseria y violencia”, trinó, acompañando el mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial, en la que se ve a Petro y Nicolás Maduro con uniformes de presidiarios.
Uno de los primeros en reaccionar en Colombia fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
“Alertas sobre la investigación de fiscales de Estados Unidos frente a presuntos nexos del presidente Petro con narcotraficantes. Esto tiene nombre propio: alias ‘Calarcá’. El Gobierno ha pretendido arrodillar al Estado colombiano frente a esta estructura criminal. Se le entregó información de inteligencia y, junto con la Fiscalía terminó en libertad (...) El presidente Petro ha actuado, en la práctica, como defensor de oficio de alias ‘Calarcá’ (...) Ante el silencio que hoy impera en Colombia, resulta legítimo que autoridades internacionales, como las de Estados Unidos, pongan la lupa sobre estos hechos”, publicó.
La defensa del Presidente
La Embajada de Colombia en Washington no tardó en pronunciarse sobre el hecho mediante un comunicado.
Reiteró que “las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal o fáctico” y que “ninguna autoridad competente ha emitido una determinación o notificación formal” contra Petro.
El despacho diplomático defendió al primer mandatario, manifestando que “a lo largo de su vida pública ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad criminal”.
El presidente Petro, por su parte, afirmó que “en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso y los gobiernos locales y nacionales, en lo que se denominó la época de la gobernanza paramilitar”.
Añadió que “respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no descubrió ni un solo peso de narcotraficantes, porque es mi orden y mi principio personal como líder político”.
Desde su perspectiva, “me servirán los procesos en EE.UU. para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana, esa sí articulada hasta los tuétanos con los narcotraficantes”.
Campanazos de alerta
Las investigaciones judiciales en cuestión ponen en duda los esfuerzos diplomáticos por recomponer las tórridas relaciones entre Colombia y EE. UU., afectadas por los choques ideológicos entre Petro y su homólogo Donald Trump.
El pasado 3 de febrero se reunieron en Washington para limar asperezas, en un encuentro que la Cancillería catalogó como “un éxito de la diplomacia”.
Después de la cita hubo un desescalamiento verbal y el mandatario colombiano recuperó su visa, que había sido anulada. No obstante, a Petro no le suspendieron las sanciones financieras de la Lista Clinton, ni a su exesposa Verónica Alcócer, ni a su hijo Nicolás Petro Burgos y menos a su ministro del Interior, Armando Benedetti.
Tampoco se anuló la descertificación al país en la lucha contra el narcotráfico, por lo que el recorte presupuestal de las ayudas quedó en firme.
Las indagaciones judiciales activas suponen un golpe a esa confianza que se pretendía recuperar, pero en el fondo era claro que eso se veía venir.
En el sistema judicial de Estados Unidos es común que a una sanción de Lista Clinton, de parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, le sobrevenga una investigación paralela en el Departamento de Justicia.
Es importante recordar que el 23 de octubre de 2025, cuando fue impuesta dicha sanción de carácter financiero (congelamiento de cuentas bancarias y transacciones), el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses (...) Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”.
El informe del Tesoro consignó duros planteamientos en su momento, como que el presidente “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’”, y hasta que “se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cartel de Los Soles”.
Dicho señalamiento tuvo como soporte algunos informes de la DEA, la misma agencia que coopera con las fiscalías de Brooklyn y Manhattan en la indagación preliminar por supuestos nexos con narcotraficantes.
Llama la atención que, según lo dicho por The New York Times, uno de los aspectos analizados sea la campaña presidencial de 2022 y si esta recibió dineros calientes, pues ya el Tesoro lo había insinuado cuando incluyó en la lista negra a su primogénito.
“En 2023 fue arrestado en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusado de canalizar dinero recibido del narcotráfico hacia las iniciativas de ‘paz total’ y la campaña electoral de Gustavo Petro. Admitió haber recibido dinero ilícito de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico y del hijo de un contratista que está siendo juzgado por financiar a paramilitares”, decía el documento en contra de Nicolás Petro.
Allí se referían a las conexiones de este con Samuel Santander Lopesierra (“el Hombre Marlboro”), quien fue extraditado a EE. UU. en 2003 por narcotráfico; y con Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca, un contratista estatal de la Costa Atlántica investigado por nexos con las autodefensas paramilitares.
En Colombia, dicho proceso está en etapa de juicio.
Otros campanazos de alerta, mucho más directos, provinieron del propio Donald Trump y algunos miembros de su gabinete. “Líder del narcotráfico”, “matón” y “lunático”, son algunos de los improperios con los que el líder de EE. UU. se ha referido a Petro en el pasado.
La situación también trajo al presente un episodio salido a la luz pública el anterior mes de noviembre, por una fotografía posteada en la galería del sitio web oficial de la Casa Blanca.
Allí se retrataba una reunión de funcionarios en el Despacho Oval, donde James Blair, el subjefe de gabinete de Trump, sostenía una carpeta con documentos. En dichos papeles aparecía un fotomontaje hecho con IA, que mostraba a Petro y Maduro con los uniformes anaranjados de los presos.
¿Quiénes podrían declarar?
Muchos de los casos en el sistema judicial de Estados Unidos se construyen con base en los testimonios de convictos, quienes aspiran a una rebaja de la sentencia por medio de la implementación de la llamada Regla 35, alegando cooperación con la justicia.
Y ante la indagación preliminar en las cortes federales, surge la pregunta de quién podría ser llamado a declarar en contra del jefe de Estado colombiano.
En poder de los estadounidenses están cuatro presuntos integrantes del Cartel de los Soles, la organización criminal con la cual, según la hipótesis no probada del Departamento del Tesoro, Petro habría tenido conexiones: el exdictador Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores; el general (r) Hugo Armando Carvajal Barrios; y el general (r) Clíver Antonio Alcalá Cordones, quien está pagando una condena de 21 años y seis meses por proveer de armas a las Farc.
No sería extraño que los agentes de la DEA les consultaran a estas personas si saben alguna información acerca de Petro, a cambio de beneficios legales.
Fuentes judiciales le comentaron a este diario que también hay extraditables colombianos que podrían ser llamados, pues en corrillos carcelarios han manifestado animadversión por el presidente.
Uno de ellos es Andrés Felipe Marín (“Pipe Tuluá”), jefe de la banda “la Inmaculada”, extraditado el mismo día de la cumbre con Trump en Washington, y presentado por Petro como un trofeo de la lucha contra el narcotráfico.
El cabecilla grabó unos audios en los cuales señalaba que habría financiado la campaña presidencial mediante aportes entregados a su hermano Juan Fernando Petro.
“Si estamos hablando de compra de funcionarios, lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, contó “Pipe Tuluá” en uno de los apartes de la grabación, cuyo contenido está en poder de la Fiscalía.
Otros posibles testigos podrían ser Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”), un socio de la organización criminal Clan del Golfo, con injerencia en Antioquia y Cartagena; y Jesús Berdugo Chávez (“Tánatos”), aliado del cartel de Sinaloa, con redes de exportación de cocaína en Nariño y Guayaquil (Ecuador).
Según una indagación preliminar, que no avanza desde hace dos años en la Fiscalía, ambos habrían pagado una suma cercana a los $500 millones para que no los extraditaran y los incluyeran en el proceso de “paz total”, otorgándoles el estatus de gestores de paz; sin embargo, a “Falcon” lo extraditaron en 2022 y lo condenaron a 14 años de prisión, y a “Tánatos” se lo llevaron en 2023.
Estos señalamientos hacen parte del proceso contra Juan Fernando Petro y Danilo Rueda, el primer alto comisionado de paz del Gobierno Petro, quienes en varios escenarios negaron las sindicaciones y se declararon inocentes.
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