Las elecciones fraudulentas para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente resultaron una afrenta al pueblo venezolano y un desafío a la comunidad internacional. Así, el régimen chavista de Nicolás Maduro prolonga su agonía y conduce al país a un choque que ni él ni quienes lo secundan, ni el mismo pueblo venezolano, podrán evitar.
Con la posesión de su Asamblea, el jueves, Maduro no solo destrozará la Carta que trazó, hace apenas 15 años, su mentor e inspirador, Hugo Chávez, también adquiere poderes absolutos o dictatoriales para someter a sus detractores, sin importar el método, dentro o fuera de las filas de su partido.
Nada distinto puede esperarse porque su discurso de la madrugada de ayer, en el que anunció al mundo un triunfo que solo él y quienes lo secundan en el poder constataron, fue claro: el chavismo copará toda la institucionalidad.
Con poderes soberanos, y esto se desprende de su intervención, vendrá una represión generalizada, que incluso tiene cabezas de lista. La primera que el poder soberano de la Asamblea llevará a la cárcel será la fiscal general Luisa Ortega, chavista pura sangre, quien se apartó de las huestes de Maduro. A ella le seguirán los opositores miembros de la Asamblea Nacional, que confluyen en la MUD, elegidos de manera democrática en las urnas. Luego, el turno será para quienes se atrevan a cuestionar sus mandatos.
Pese al parte de victoria chavista, el domingo los venezolanos y el mundo fueron testigos de la soledad de los centros de votación y una represión brutal contra la oposición que salió a denunciar la farsa. La jornada concluyó, al menos, con 12 muertos y un número indeterminado de heridos y detenidos, lo cual convierte esta jornada en la más sangrienta desde el primero de mayo, cuando se iniciaron las protestas contra la Constituyente. A periodistas de medios, nacionales e internacionales se les golpeó e impidió estar a menos de 500 metros de un centro electoral.
El chavismo, cuyo modelo fracasó de manera estruendosa, se aferra ahora al autoritarismo para imponer su ley a través del miedo, la represión generalizada o la muerte de opositores, sustentado en el poder que le da un amplio sector de la cúpula de las fuerzas militares, hasta ahora leal.
Con la Constituyente y el condenable papel que asume Maduro frente a la historia de su país, Venezuela queda a las puertas, bajo el riesgo de una confrontación armada de consecuencias impredecibles.
Encontrar el líder con la inteligencia, capacidad de maniobra y valentía suficientes para redireccionar el camino hacia la democracia parece en este momento un imposible. Quedan entonces los esfuerzos y la cohesión de la comunidad internacional, para evitar que el desastre sea total.
Anima que por primera vez en la historia, 10 gobiernos de países latinoamericanos, unidos a México, EE. UU., Canadá, España y UE., se hayan expresado contra la constituyente y que algunos anunciaran sanciones, como Colombia, México, Canadá y EE. UU. De todas formas, el gobierno Trump tiene la capacidad de llevar a Maduro a ceder. Su régimen depende del petróleo y si el país del norte le cierra la compra y el procesamiento del mismo lo deja sin oxígeno.
Aunque pudieran llegar en en el futuro sanciones económicas externas, una solución ajustada a la realidad de Venezuela debe surgir en el seno de su propia ciudadanía, sus fuerzas políticas e institucionales, entre ellas, por supuesto, las militares
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