El caos que se teje alrededor de los habitantes de calle y en condición de calle es uno de los más graves problemas que enfrenta la ciudad. Este se degrada y crece, de manera exponencial, debido a la inequidad social, la drogadicción, el microtráfico y su amplia oferta de narcóticos, la llegada de desplazados de todos los rincones, muchos de los cuales terminan en las calles.
Hoy este problema se traslada a la carrera Cúcuta, la glorieta de La Minorista y sus alrededores, luego de que fuera intervenido, en una operación de extinción de dominio, el “Bronx”, considerado por las autoridades la “olla” de vicio más grande de la ciudad en la avenida De Greiff.
El tema no es nuevo ni exclusivo de Medellín, que cuenta con una política pública de atención a esta población, en la que se invierten anualmente $25.000 millones, y que ha arrojado resultados importantes en la resocialización y rehabilitación de muchas de estas personas, con experiencias como las “Granjas Productivas”, un modelo abierto que tiene deshabituación, rehabilitación y resocialización. En ellas hay en este momento 450 personas, rescatadas de esa masa humana, calculada en unas 3.500, 16 % mujeres y 84 % hombres.
Pero la ciudad no puede actuar sola ni el Estado puede seguir dando palos de ciego con políticas lastimeras y erráticas o expidiendo decretos para demoler toda casa o edificio donde se instalan las “ollas”, como si la estructura fuera la responsable de las desgracias que ocurren dentro de sus muros y, menos, pretender que la solución está en acciones policiales masivas.
Hace casi veinte años, en una gran intervención policial, Medellín arrasó las denominadas “Cuevas” del vicio y la delincuencia del Centro. Los expulsados se desplazaron al recién estrenado puente de La Macarena, luego a un amplio sector de la avenida Regional, más adelante a La Minorista y, por último consolidaron, por la falta de presencia oficial, otra enorme “olla” en la avenida de Greiff, donde el pasado 29 de agosto les volvió a llegar una nueva fuerza policial, de más de 800 hombres, para recuperar la seguridad.
Lo mismo puede decirse de Bogotá con la destrucción del “Bronx” y sus casas de “pique”, secuestro, caletas de robos, extorsiones, torturas, cárceles clandestinas, venta de drogas y abusos sexuales contra niños y mujeres. Y si bien dentro del fenómeno del habitante de calle se camuflan bandas de homicidas, violadores, proxenetas, ladrones, expendedores de drogas y otros delincuentes, es sobre estos en los que deben centrarse las intervenciones policiales.
Un Estado social de derecho como el nuestro debe definir y aplicar políticas públicas que funcionen y le permitan conocer y reconocer en su integridad a cada una de estas personas; debe entender que este fenómeno requiere convergencia interdisciplinaria. Es decir, una visión integral del tema para comprenderlo, valorarlo y tratarlo. Y, si es del caso, intervenirlo con acciones policiales prontas y no acumuladas en el tiempo, cuando afecten el comercio, el espacio público o sean infiltrados o utilizados por la delincuencia.
En la ciudad es claro que el principal combustible para la proliferación del habitante de calle es el microtráfico. En esto tenemos que ser radicales y cortarles el paso, con acciones policiales efectivas, a los jíbaros, combos y estructuras que se nutren del mismo. Pero hay que acompañarlo con proyectos integrales de prevención que deben arrancar desde la primera infancia, casi que desde los preescolares, porque los criminales ahora buscan atrapar a sus víctimas desde las escuelas.
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