El problema de la deforestación de la selva amazónica en Colombia es más grave de lo que cabía imaginar. A medida que pasan los años lo único claro es que la erosión aumenta debido a la construcción de vías ilegales, la invasión de la ganadería extensiva y los narcocultivos. Cercas, vacas y cultivos de coca hacen parte de ese pulmón verde que han tratado de proteger tantas comunidades indígenas, auténticamente nativas, que se han visto muchas veces amenazadas por “depredadores” humanos provenientes de distintos lugares del país.
Según un informe publicado por este periódico, 20.000 kilómetros de carreteras ilegales cruzan la selva. Muchas de ellas fueron construidas por las exguerrillas de las Farc para movilizar a guerrilleros y cocaína. Luego vendría el abandono. Después llegaron los acaparadores de predios, gente anónima con mucho dinero que se aprovecha de las necesidades de los pobladores para ir comprando cada vez más tierra. Y la forma más sencilla que encuentran para tomar posesión de ella es invadiendo grandes extensiones con ganado, cortando árboles a destajo y dejando un reguero de “tumbas”, que es como llaman los campesinos a esas zonas peladas en las que lo único que se contempla son árboles caídos.
Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Fcds), la Amazonía es la región más deforestada de Colombia. El 63,7 % de la deforestación de bosques se concentra allí. Y el acaparamiento de tierras con fines especulativos es la actividad que más pone en riesgo los bosques. La ganadería extensiva se adentra en parques naturales amazónicos y hasta 27 kilómetros de carreteras invaden hoy la grandiosa reserva del Chiribiquete.
Los esfuerzos del gobierno para proteger estas áreas han sido grandes, mas no suficientes. Sobresalen los acuerdos de conservación con los campesinos. Pero estos no son el gran problema, como sí lo constituyen los famosos acaparadores de tierras y ocupantes ilegales de baldíos.
Otro paso importante del gobierno colombiano en la lucha contra la pérdida de bosques fue la entrada en vigor de la nueva Ley de Delitos Ambientales, donde se incluye la deforestación, con una pena de hasta quince años de cárcel. Además, estableció otros cinco nuevos delitos ambientales y endureció las penas y sanciones para otros que ya existían. Hay esperanzas, aunque aún falte mucho camino por recorrer.
Los compromisos y las metas ambiciosas que se fijó Colombia en la COP-26 de cara al año 2030 dejan una senda clara para continuar la lucha por la defensa del Amazonas. Especialmente la Ley de Acción Climática, que fija la meta de reducir la deforestación neta de bosques naturales. Colombia es responsable del 0,6 % de los gases de efecto invernadero. De estos, el 60 % de las emisiones corresponden a la deforestación y al impacto de la ganadería, de ahí la importancia de controlar estos dos factores. Le quedará a los gobiernos por venir esta responsabilidad que beneficia no solo al país y su gente, sino también al mundo, por cuanto nos muestra solidarios con el planeta.
La solución para las tierras del Amazonas, hoy violentadas por carreteras, ganaderos desaprensivos y cultivos ilícitos, pasa necesariamente por fortalecer la institucionalidad. Una meta que siempre ha representado grandes retos para el gobierno de turno, pero que no por ello debe dejarse a un lado. Al fin y al cabo, en gran medida existimos gracias el aire y el agua de estos bosques
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