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La presidenta de Brasil queda suspendida, pero es poco factible que regrese al poder. Su marcha no purificará la política, pero sí puede obligar a una mayor exigencia social por la transparencia.
La suspensión del ejercicio del cargo que el Senado de Brasil decretó para la presidenta Dilma Rousseff era perfectamente previsible, pero no por ello el gigante de Suramérica ha podido evitar los efectos de la enorme crisis política que no terminará aquí.
El Senado, por mayoría superior a la exigida, abre el período de 180 días en el que estudiará si declara responsable a la presidenta de las faltas de las que se le acusa. Ayer mismo, en virtud de esta decisión, asumió como presidente interino el vicepresidente Michel Temer.
Rousseff no se resigna, y hasta donde sus fuerzas alcanzan, proclama su inocencia y advierte sobre la enorme injusticia que, a su juicio, se está cometiendo con ella: no hay peor infamia que condenar a un inocente, dice la...