Como era de esperarse, la inflación en diciembre pasado continuó su ritmo ascendente. Según el Dane, en dicho mes el IPC total aumentó 0,62 por ciento, cifra que es mayor a la registrada en igual período de 2014 (0,26 por ciento).
De esta forma, la inflación para el año 2015 fue de 6,77 por ciento, guarismo que resulta muy superior al correspondiente al total de 2014 (3,66 por ciento).
Como lo señala Bancolombia, durante todo el año 2015 “los alimentos fueron la principal fuente de presiones inflacionarias”. Efectivamente, la variación de este grupo de bienes fue de 10,84 por ciento, lo que llevó a que la contribución del mismo a la inflación total fuera la más alta (46 por ciento).
Como lo han venido indicando el Banco de la República y diversos analistas, el fenómeno de El Niño ha afectado la oferta de alimentos, lo que se ha traducido en mayores cotizaciones. Esto ha coincidido con la mayor depreciación del peso.
Estos dos fenómenos, que por su naturaleza son transitorios, han afectado la estabilidad macroeconómica y motivado que, en su afán por evitar un desborde inflacionario, el Emisor haya decretado, durante los últimos meses, alzas continuas en la tasa de interés.
Para el primer semestre de este año, las autoridades monetarias no esperan que las presiones inflacionarias disminuyan. Sin embargo, confían que a partir de la segunda parte “los choques transitorios se diluyan”, de tal forma que en un horizonte de dos años se retorne a la meta establecida.
Según el Dane, la inflación en 2015 para el grupo de población de más bajos ingresos fue de 7,26 por ciento, resultado que se ubica por encima del incremento decretado de 7,0 por ciento del salario mínimo para 2016.
Dada esta situación y en virtud de que en los primeros meses muy seguramente la presión inflacionaria se mantendrá, el Gobierno debería reconsiderar el aumento del salario mínimo al menos para cubrirle al grupo de más bajos ingresos el mayor costo de su canasta de consumo en la que, como se sabe, los alimentos tienen un alto peso.
De otra parte, no se entiende la pasividad gubernamental, y especialmente la del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, frente a lo que ocurre con la oferta alimentaria. Pareciera como si el mismo Gobierno no hubiera alertado, meses atrás, de la presencia de El Niño y que no se supiera que este fenómeno afecta severamente la producción agropecuaria.
Asombra el silencio ministerial frente a un fenómeno tan agudo. Pareciera que interesa más la entrega de subsidios a unos pocos, que evitarle el mayor costo de la canasta alimentaria a los consumidores, incluidos los hogares rurales.
Da la sensación de que el Ministerio no tuviera ni siquiera la capacidad de adelantar acciones que ayuden a mitigar parte de los efectos del clima.
Se olvida que los desarrollos científicos y tecnológicos permiten disponer de variedades resistentes a la sequía. Igualmente, se ignora que se cuenta con prácticas agronómicas (como la utilización de invernaderos, de sistemas de riego y de programación de siembras) que facilitan la producción en tiempos de bajas precipitaciones.
En fin, el país está en mora de adaptarse a las nuevas realidades que implica el cambio climático. En ello la política agrícola debería llevar la delantera facilitando el desarrollo y la adopción de tecnologías adecuadas a las nuevas condiciones.
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