Los medellinenses vieron durante meses -la siguen viendo, de hecho- la publicidad de la Alcaldía de Medellín y del Fondo de Valorización, Fonvalmed, acerca de las diversas obras contratadas y algunas ejecutadas durante la administración pasada (2011-2015), en particular en el barrio El Poblado.
Varias de ellas fueron entregadas a la comunidad que, mediante el sistema de valorización, aportó a la construcción de obras planificadas desde muchos años atrás y que, por razones políticas, no habían sido contratadas para su construcción.
El sistema de valorización se nutre del pago de contribuciones forzosas -distintas a los impuestos, según los parámetros técnicos de la Hacienda Pública- y suponía, por lo menos en su concepción inicial, que las propiedades adyacentes o próximas a las obras públicas, adquirirían un mayor valor. De ese aprovechamiento y plusvalía surge el hecho generador para que el Municipio pueda imponer la cuantía del pago.
En ese último proceso llevado a cabo por la administración de Aníbal Gaviria, muchos propietarios se opusieron, por diversas razones, varias de ellas presentadas ante los jueces, para controvertir la cuantía de la contribución impuesta, o incluso el hecho del cobro en sí.
La valorización se ha considerado un buen sistema para el progreso de la ciudad y su dotación en infraestructura. No todos los alcaldes acuden a él, pues algunos temen asumir el costo político de imponer cobros adicionales a los que ya de por sí agobian el bolsillo de los ciudadanos, quienes consideran que terminan pagando varias veces por las mismas obras.
El valor político de adelantar obras mediante valorización requiere, además de una buena labor de comunicación, pedagogía y persuasión, una rigurosidad indelegable en el cumplimiento de las obras, de los términos contractuales y de los plazos. Pasando, por supuesto, por la conveniencia probada del proyecto a ejecutar, los diseños adecuados, bien trazados y con alta dosis de sentido común.
Nada de esto parece haberse cumplido en las obras del puente de la Transversal Superior con Loma del Tesoro, frente al cual nadie responde. Ni la administración anterior ni quienes no tuvieron en cuenta que el diseño es completamente inadecuado para el trazado actual de las vías.
Pero el fracaso más estruendoso es, sin duda, la obra de la Transversal Inferior con Loma de Los Balsos. No solo se ha hecho padecer a los vecinos, durante meses y sin avizorar una finalización cierta, sino que el enredo jurídico de saber quién debe responder por una obra mal hecha, con muros que ceden y pueden derrumbarse, la tiene en una suspensión indefinida.
Suenan inverosímiles los argumentos de la Administración anterior, según los cuales ellos no podían descalificar contratistas a pesar de tener antecedentes de incumplimientos de obra en ciudades como Bogotá. Y a quien le adjudicaron la obra incumplió, en efecto. Otro contratista tuvo que asumir una obra prácticamente abandonada.
Imprevisiones, incumplimientos y falta de diligencia como estas dan estocada de muerte a futuros proyectos de valorización. Mucha gente se siente, con razón, engañada, incluso estafada. En este caso hay que aplicar la ley, por supuesto, y aunque la actual administración heredó ese problema, es a ella a quien le corresponde la solución ahora. Sin que ello le prive de exigir a quien corresponda de sus antecesores que también den la cara.
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