El Departamento de Antioquia, en cabeza de la Gobernación; el Municipio de Medellín, representado en la Alcaldía; la Nación, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Ministerio de Transporte (Instituto Nacional de Vías, Invías), acordaron mediante contrato constituirse como socios del proyecto para la construcción del Túnel del Toyo, calificado como el más largo del país y que unirá a dos de las Autopistas de la Prosperidad (Mar 1 y Mar 2) que comunicarán a la región andina del país con Urabá: la carretera al Mar.
En este mismo espacio hemos resaltado la importancia esencial de estas obras. Y no durante los últimos años. Durante al menos siete u ocho décadas. Las mismas que dentro de la historia más que centenaria de este periódico venimos insistiendo, abogando, para que los poderes centrales (de Colombia y de Antioquia) asumieran el reto de romper el aislamiento del interior no de este departamento, sino del país, con la región de Urabá.
Y ahora, cuando finalmente hubo confluencia de voluntades políticas y económicas, con compromisos tangibles y deberes de todas las partes concernidas, el palo en la rueda surge de donde menos hubieran pensado nuestros más grandes dirigentes: la Gobernación de Antioquia.
La ministra de Transporte, el director de la ANI, el director del Invías y el alcalde de Medellín están firmes en los compromisos que, ya sea ellos o sus antecesores, asumieron en nombre de las entidades que representan legalmente. Y dentro de esos compromisos, hacer hoy el aporte económico que les corresponde dentro del cronograma de pagos por cuotas previamente definido.
A principios de diciembre del año pasado, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, a través de un comité de empalme, emitió un comunicado en el que hacía reparos a la forma de escogencia contractual de la gerencia del proyecto Túnel del Toyo. Y a la existencia misma de esa gerencia y su costo (35 mil millones de pesos), pues considera que tal responsabilidad debe ser asumida por la propia Gobernación.
El asunto es que la conformación de esa gerencia fue aprobada por todos los socios del proyecto, donde si bien el mayor aportante es la Gobernación, no debería cambiar ahora sus acuerdos, así el titular del ente terrorial haya cambiado.
En fechas recientes funcionarios de la Gobernación han planteado que a la obra le faltan estudios técnicos. Pero los técnicos de la ANI corroboran que algunos estudios pueden ser presentados después de la adjudicación de las obras. La Ley de Infraestructura (1682 de 2013) así lo contempla.
Tanto la ANI como la Alcaldía de Medellín han dicho que los contratos del proyecto han sido suscritos con estricto cumplimiento de la ley.
Preocupa que el verdadero origen del veto del gobernador Luis Pérez se deba a que quiera “castigar” un proceso contractual solo porque este fue adelantado y configurado por su antecesor. Los gobernantes no pueden olvidar que una vez elegidos representan a toda la población, esto incluye a quien votó por ellos y a quien no lo hizo. En el ejercicio de su cargo no pueden olvidarse de ello ni permitir que sus emociones políticas afecten su criterio y el bienestar de la población. En el pasado hemos visto las consecuencias paralizantes de esa actitud. “Pensando en grande” llegaremos al mar
