Ha empezado a desmontarse la idea de que la desaparición de personas en Colombia aún obedece en su mayoría a dinámicas del conflicto armado. Sin las Farc en el escenario de la guerra, las huellas de este delito de lesa humanidad son cada vez más perceptibles en una población tan vulnerable como prioritaria: los niños y adolescentes. De cada diez desaparecidos, hoy, al menos el 40 por ciento tiene entre 10 y 17 años.
Por supuesto, los demás actores de la ilegalidad que permanecen activos (bandas criminales y paramilitares, Eln, entables de minería ilegal y narcotráfico, pandillas y redes de explotación sexual) inciden en que cada año se pierda el rastro de entre 2.600 y 2.900 menores, según estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML) 2014, 2015 y 2016.
Son cifras impresionantes que obligan a una movilización estatal masiva y a fondo, en especial cuando es tan visible la vulnerabilidad de infantes y adolescentes.
El último informe Forensis de Medicina Legal, citado por varios medios de comunicación, ratifica que en 2016 se presentaron en Colombia 6.855 casos de desaparición, de los cuales 136 fueron catalogados como forzados; es decir, se estableció que hubo una acción premeditada de algún actor no identificado para que no se volviese a tener noticia de las víctimas. Hasta mayo, 2017 registra 2.719 reportes.
La desaparición resulta una tortura para los parientes al no poder establecer el paradero y la situación de sus seres queridos. Alrededor del 35 al 40 por ciento de las víctimas aparece, de ellas entre un 10 y un 15 por ciento muertas.
Con las Farc desarmadas, es imperativo ahondar en las causas actuales del fenómeno, trazar las líneas centrales del diagnóstico y las acciones para frenar estadísticas que muestran una tendencia mínima a la baja. Las condiciones de marginalidad en los grandes centros urbanos, con familias disfuncionales y con tendencia a la violencia de adultos sobre niños y adolescentes está entre las causas de cientos de casos de desaparición de menores de los cuales no se vuelve saber nada.
La impunidad, el reclutamiento continuado de chicos para las filas de las organizaciones delincuenciales y los conflictos provocados por factores objetivos de pobreza e inequidad siguen alimentando las cifras de desaparecidos. Manizales, por ejemplo, pese a ser una ciudad intermedia registra un alto número de casos por cien mil habitantes. A ella pueden sumarse, sin temor a yerros, los cinturones de miseria de Barranquilla, Bogotá, Cali, Pereira y Medellín, en donde explotan a diario conflictos por drogas, territorios, pandillas y por supuesto por la debilidad de la oferta institucional en empleo, educación, salud y recreación.
Tras la desaparición de personas ya no solo pende la cortina de las tensiones políticas y armadas, sino que hay un telón que se descubre más amplio: el de los problemas sociales de la Colombia contemporánea, aún tan imperfecta y limitada para garantizarse el Estado Social de Derecho que proclama la Constitución.
No sobra pedir más diligencia por parte de los organismos de investigación policial y judicial en el conocimiento y acción de los casos, aunque es conocido el altísimo número de situaciones relacionadas con muchachos que abandonan sus hogares por horas y días y que desgastan a las autoridades.
Pero ello no borra aquella realidad dolorosa y persistente de la desaparición.
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